Gobernadores: ¿floreros o protagonistas en la estrategia de seguridad?

La reunión de la semana pasada entre la presidenta y los gobernadores marcó el inicio formal de la estrategia de coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales. Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el tema central fue la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno Federal, un evento clave para definir el rumbo de las políticas de seguridad a lo largo del sexenio.

El encuentro, sin embargo, tuvo un tono que podría interpretarse como un llamado de atención o advertencia, con la presidenta instando a los gobernadores a asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad en sus estados y a no delegar exclusivamente al gobierno federal el costo político de la violencia en sus territorios.

En esta estrategia, los gobernadores desempeñarán un papel crucial. No obstante, surge una pregunta clave: ¿serán verdaderos protagonistas en la implementación de las políticas de seguridad o quedarán relegados a simples observadores de las decisiones del Gobierno Federal? Esta duda es especialmente relevante considerando que la presidenta Sheinbaum ha asumido el costo político de la violencia en el país, derivado de la cuestionada estrategia de "abrazos, no balazos".

Durante su intervención en la sesión, la presidenta hizo un respetuoso llamado a los mandatarios para que den seguimiento diario a sus Gabinetes de Seguridad, como parte de la Estrategia Nacional para reducir los índices delictivos en México. Sin duda, la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental; sin embargo, persiste la duda sobre la naturaleza y el alcance del trabajo que se lleva a cabo en estas reuniones convocadas por las autoridades federales.

Esta estrategia, establecida durante el sexenio pasado y replicada tanto en Palacio Nacional como en los 32 estados del país, debería proporcionar mayor claridad sobre los alcances de dichas reuniones. Si los gabinetes de seguridad se limitan a ser encuentros informativos en los que se detallan los sucesos recientes, podrían no resultar productivos para los gobernadores. Si, en cambio, estas reuniones tienen como propósito delinear la estrategia a seguir en los estados, no sería necesario convocar a los mandatarios diariamente. Asimismo, si las sesiones se enfocan en evaluar las actividades realizadas, tampoco parecería justificable su frecuencia diaria.

Es crucial que las autoridades definan con claridad el propósito de estas reuniones y el rol de cada instancia gubernamental. En su discurso, la presidenta destacó: "El Gabinete no es solo para presentar el parte policiaco del día anterior, sino para coordinar y definir la estrategia general. Para ello, debe haber un liderazgo claro, y nadie mejor que ustedes, los gobernadores, que conocen su estado. Las fuerzas federales están para apoyar y cumplir su parte, pero las y los gobernadores deben asumir esa responsabilidad".

Lo expresado por la presidenta plantea una contradicción, ya que varios elementos de estaestrategia tienen un carácter claramente centralizado. Por ejemplo, el fortalecimiento de la Guardia Nacional o la atención a las causas estructurales de la inseguridad en base a los programas sociales son acciones impulsadas directamente por el Gobierno Federal. Esto genera una pregunta: ¿cómo pueden intervenir efectivamente las autoridades locales cuando gran parte de las soluciones y herramientas provienen exclusivamente de la federación?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, expresó optimismo por los resultados de la estrategia de seguridad en las primeras nueve semanas de gobierno, destacando decomisos de fentanilo y operativos efectivos de la Guardia Nacional en Sinaloa. No obstante, surgen dudas sobre si se continuará con el enfoque reactivo del sexenio anterior o si se adoptará una estrategia realmente coordinada y preventiva, evitando que el secretario deba intervenir personalmente en cada brote de violencia como lo ha hecho en Sinaloa.

La coordinación, sin lugar a duda, es un elemento fundamental, pero parece caer en la misma trampa que la propia presidenta busca evitar: que las autoridades locales dependan del Gobierno Federal. Brindar seguridad no se limita a patrullar las calles o detener delincuentes; implica un entendimiento profundo de las causas que afectan la seguridad en cada estado del país. Este desafío requiere un enfoque que reconozca y distinga la complejidad de las problemáticas específicas de cada entidad.

La estrategia debe ser diferenciada, ya que los problemas de inseguridad no son uniformes. En algunos estados, la extorsión es el principal problema; en otros, los cárteles tienen una presencia profundamente arraigada; hay municipios en los que sus estructuras gubernamentales están completamente infiltradas por el crimen organizado. Estos escenarios demandan no solo coordinación, sino también una estrategia sólida, adaptada y específica para cada contexto.

Este es el momento ideal para afinar la estrategia, y un buen punto de partida es reconocer la existencia del problema, algo que no ocurrió durante el sexenio anterior. El siguiente paso es admitir que el Gobierno Federal no puede abordar el desafío de la seguridad por sí solo. Sin embargo, si no se dota a los gobernadores de las herramientas necesarias, difícilmente podrán asumir un papel protagónico en la estrategia; y se terminarán convirtiendo en simples espectadores, es decir, en floreros.

Iván Arrazola es analista político y colaborador en Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_ AC