El Gobierno de la Ciudad de México reconoció en su primer Informe de actividades que más de 4.4 millones de personas, lo que equivale al 48 por ciento de la población capitalina, se trasladan en transporte público concesionado, como microbuses y vagonetas, “que presentan limitaciones en seguridad, rapidez y confiabilidad”.
De acuerdo con datos de transparencia de la Secretaría de Movilidad, algunos de estos vehículos datan de la década de los ochenta, lo que representa un desafío cotidiano para los usuarios, quienes deben enfrentar condiciones como ventanas polarizadas, conductores que circulan en segundo carril o a exceso de velocidad, así como música a volumen elevado, prácticas prohibidas por la normativa vigente.
Un ejemplo de esta situación se observa en la avenida Ferrocarril Hidalgo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde confluyen unidades modernas de la Red de Transporte de Pasajeros junto a microbuses antiguos, como los de la ruta Martín Carrera-Mixcalco. En estos últimos, los pasajeros deben sostenerse con fuerza de los tubos o agarraderas para evitar caer ante un frenazo. Según la autoridad, el modelo promedio de los microbuses que circulan en la capital corresponde a 2003.
Durante los trayectos, los usuarios enfrentan vehículos que se tambalean al pasar por topes o baches, dando la impresión de estar a punto de desarmarse. La premura de los conductores también es evidente, pues en ocasiones arrancan antes de que los pasajeros terminen de subir. “Hasta con los dientes hay que agarrarnos. Ya son tantos años así que ya nos acostumbramos”, comenta don Pablo, de 69 años, quien cada semana viaja al Centro Histórico para abastecer su papelería.
A pesar de las condiciones en que operan estas unidades, en las últimas semanas algunos concesionarios han realizado bloqueos en avenidas principales para exigir un aumento en la tarifa.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad se declaró “imposibilitada” para brindar información actualizada sobre el avance del programa de sustitución del transporte público concesionado, al argumentar que aún está en curso el Programa Anual de Revista 2025, el cual contempla la revisión documental, así como la inspección física y mecánica de las unidades.
En el último informe de la administración pasada se señaló la sustitución de 2 mil 700 unidades mediante una inversión de mil 700 millones de pesos, aunque sin precisar el periodo en que se llevó a cabo. En contraste, en el primer informe del actual gobierno se indicó el retiro de 419 unidades, en su mayoría microbuses con más de 10 años de servicio, y la incorporación de 186 vehículos nuevos. Asimismo, se destinaron 254.3 millones de pesos en 2024 a través de siete “acciones sociales que permitieron a las personas concesionarias renovar sus unidades y adaptarse a los nuevos modelos de operación regulada”.