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Gobierno de Daniel Ortega justifica detención de opositores en Nicaragua
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El gobierno de Nicaragua justificó la detención de opositores y aspirantes a la presidencia acusándolos de tramar un golpe de Estado contra Daniel Ortega, a quien la comunidad internacional señala de estar limpiando el camino para intentar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre.
El martes subieron a 19 las personas detenidas, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega, por "incitar a la injerencia extranjera" y "aplaudir sanciones" contra el gobierno sandinista, en el poder desde 2007.
"Son delitos que están relacionados con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado (...), actividades vinculadas con terrorismo, menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense", dijo el canciller, Denis Moncada, en una entrevista a la cadena Telesur.
Tras una redada policial que se inició el 2 de junio, han sido detenidos los precandidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y Miguel Mora.
Cristiana Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que presidió y que llevaba el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Al resto se le aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes cometan actos que inciten "a la injerencia extranjera".
"Quienes están siendo procesados (...) no son candidatos presidenciales, son directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y los destinan precisamente para desestabilizar el país", aseguró el canciller.
"No son por razones políticas", agregó.
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
Con información de AFP
Imagen: AFP
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FT/CR
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