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La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Gobierno nacional atender las demandas de los campesinos y pequeños mineros que, desde el 21 de octubre, se encuentran en paro en departamentos como Córdoba, Antioquia, Boyacá, y otros.
El paro, que ya lleva tres días, afecta la movilidad en diversas regiones y es impulsado por trabajadores que realizan actividades agropecuarias y mineras de pequeña escala en el páramo.
Desde Cali, en el marco de la COP16, la Procuraduría hizo un llamado al Ejecutivo para que garantice el derecho a la participación en asuntos ambientales, clave en la negociación del paro.
Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, insistió en la necesidad de que el Gobierno ofrezca alternativas viables a estos grupos y escuche sus peticiones.
“Es importante que el Gobierno escuche a todos los grupos de interés en este proceso de negociación”, afirmó Guerrero.
Además, Guerrero subrayó que no deben existir puntos innegociables, ya que es vital encontrar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades que dependen de estas actividades para su desarrollo.