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De acuerdo con los registros de la organización Causa en Común, hasta el 12 de diciembre del 2024, habían sido asesinados en todo el país, 257 elementos de distintas corporaciones policiacas en todo el territorio nacional. En la desagregación que hacen por entidades, destaca el caso de Guanajuato, donde, hasta la fecha señalada, se contabilizaban 54 elementos caídos, cifra que representa al 21% del total; es decir, uno de cada cinco asesinatos de elementosde las fuerzas del orden en el país tuvo lugar en esa entidad de la República.
Peor aún, entre los días 16 y 17 de diciembre, han sido asesinados seis elementos más: cuatro de la policía estatal y dos de la policía municipal de Jerécuaro; esto eleva la cifra de policías asesinados a 60 en la entidad, con lo que prácticamente, dados los reportes nacionales, Guanajuato concentraría casi uno de cada cuatro elementos caídos en el país.
Estas cifras son totalmente fuera de toda proporción y muestran lo complejo y crítico de la situación de la inseguridad que prevalece en el estado de Guanajuato, lo cual podría incluso recrudecerse una vez que el actual fiscal general del estado deje el cargo y llegue una nueva o nuevo titular a esa dependencia.
Para contextualizar la gravedad de lo que ocurre en esa entidad, debe decirse además que, del total de elementos asesinados, en 20 casos se trataba de mujeres; y de ellas, siete eran del estado de Guanajuato, es decir, el 35% del total o bien, una de cada tres mujeres policías asesinadas.
Desde el año 2018 Guanajuato tiene las cifras absolutas más grandes en lo que a homicidios intencionales se refiere; en efecto, según los datos del INEGI, entre los años 2018 y 2023 perdieron la vida por homicidio intencional 24,533 personas, lo que hace que el mandato del ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sea el más sangriento en la historia reciente del país, para cualquier mandatario estatal. En ese periodo se perpetraron en todo el país 210,168 homicidios, lo que hace que en Guanajuato se haya concentrado el 11.67% del total. Nuevamente, una cifra fuera de toda proporción pues la entidad tiene alrededor del 4% de la población nacional.
¿Qué explica una tragedia de esta magnitud? ¿Cómo se puede explicar que no haya autoridad capaz de intervenir eficazmente? Esto, luego ya de un periodo de prácticamente siete años en que la entidad se ha convertido en un auténtico infierno, ante una autoridad incapaz de garantizar bienestar con seguridad parasus habitantes, mandato principalísimo e irrenunciable para un Estado de Derecho.
La gobernadora Libia Denisse García tiene el inmenso reto de pacificar a la entidad, que además enfrenta una severa crisis de desaparición forzada de personas, robos en carreteras y negocios, extorsiones y todo tipo de crímenes que, por más que se minimizan en la retórica y la propaganda oficial, constituyen una severa y grave amenaza frente la que urge poner ya un alto definitivo.