@onelortiz
https://youtu.be/8c3DD7VuQpk?si=vbQCXvMO1YRJAL6V
Antes que nada, mi pésame a las familias de las víctimas del incendio del Waldos en Hermosillo, Sonora, así como a la familia, amigos y colaboradores de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Dos tragedias que, aunque distintas, revelan un mismo trasfondo: el deterioro de la vida pública y la fragilidad institucional de nuestro país.
Este año, el Día de Muertos no fue una metáfora, sino una dolorosa realidad. En Hermosillo, las llamas devoraron una tienda Waldos y con ella la vida de 23 personas, en su mayoría trabajadores y clientes que nunca imaginaron que una jornada de compras se convertiría en un infierno. El recuerdo del incendio de la Guardería ABC volvió a aparecer con fuerza en la memoria colectiva de los sonorenses. En aquel entonces, el horror mostró la corrupción y la impunidad que rodeaban a los permisos y las negligencias administrativas.
El gobernador Alfonso Durazo tiene ante sí una prueba de fuego —literal y política— para demostrar que la transformación que promueve no se reduce a discursos. Son 23 muertes que exigen justicia, investigación a fondo, atención a los familiares e indemnizaciones justas. Pero, sobre todo, la implementación de medidas que garanticen que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir.
Mientras tanto, en Michoacán, la violencia se volvió a imponer sobre la política. El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido durante un evento público de Día de Muertos, marca un antes y un después en la historia reciente del estado. Más allá de las diferencias partidistas entre el presidente municipal y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, o la presidenta Claudia Sheinbaum, este crimen representa un desafío directo al Estado mexicano. La captura de uno de los presuntos agresores ofrece una oportunidad —quizá la última— para esclarecer el crimen y demostrar que la justicia no está condenada a la simulación.
Los antecedentes son inquietantes: hace apenas una semana fue asesinado un líder limonero por denunciar extorsiones y cobros de piso, el propio Omar García Harfuch viajó a Michoacán y se comprometio a que no habría impunidad. Carlos Manzo había solicitado reiteradamente apoyo de las autoridades estatales y federales para reforzar la seguridad de su municipio. No fue escuchado.
Hoy, Michoacán no puede volver a los errores del pasado. No se puede repetir la política del miedo que inauguró Felipe Calderón en 2006 con su “guerra contra el narco”. Se requiere una estrategia distinta, basada en inteligencia, justicia y presencia real del Estado, no en el despliegue militar sin rumbo.
Hermosillo y Uruapan nos recuerdan que la seguridad y la vida son las verdaderas pruebas del poder público. Sin ellas, cualquier transformación es un espejismo entre el humo y la sangre.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.