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IFT: Equilibrio del poder en el Estado Mexicano

IFT: Equilibrio del poder en el Estado Mexicano

Columnas jueves 14 de enero de 2021 - 00:34

Fabiola Sierra

Para arrancar el año con temas que pongan en duda la solidez del estado de derecho, el presidente López Obrador ha lanzado una embestida en contra de órganos reguladores autúnomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparecia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), con la idea de que sean fusionados a las Secretarías de Estado correspondientes. Fiel a su filosofía de aglutinar el poder en una sola persona, sin considerar las limitaciones jurídicas y desventajas económicas que implica, ahora va sobre estos organismos.


Es importante recalcar que, al dotar de autonomía constitucional a un ente público se elimina cualquier posibilidad de sometimiento a alguno de los poderes. Esto los coloca en un plano de igualdad jurídica y política para garantizar que la toma de decisiones se haga con base en la especialización técnica, generando beneficios para la población.


En esta ocasión, me dedicaré a profundizar en el tema del IFT que tuvo como antecedente inmediato a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formado en 1996. En el sexenio pasado y, en el marco del llamado “Pacto por México”, en junio del 2013 se publicó el decreto de reforma constitucional que dio origen a dos nuevos órganos constitucionales autónomos: la COFECE y el IFT.

Al IFT se le encomendó el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, dejando a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.


Tanto la COFECE como el IFT son autoridades en materia de competencia económica, sin embargo, el segundo lo es exclusivamente para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, al regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia.


Para poder estimar la importancia del IFT como ente regulador, basta mencionar que la industria de telecomunicaciones y radiodifusión ocupa el sexto lugar de las actividades con mayor aportación al PIB, empleando a más de 256 mil personas. En 2020, el PIB del sector de telecomunicaciones y radiodifusión fue de 512 mil millones de pesos, con una tasa de crecimiento anual de más del 9%.


La reforma de telecomunicaciones del 2013 dotó al estado mexicano de los instrumentos jurídicos para deneter la concentración de las empresas participantes en ese sector, incentivar la inversión y mejorar los costos para los usuarios finales.


Alguien tendría que informarle al presidente de México que, para desaparecer al IFT, no sólo tendrá que someter al Congreso Federal y a la mitad más uno de los Congresos Locales para lograr una reforma constitucional, también habrá que renegociar con Estados Unidos y Canadá los términos del T-MEC, ya que el Capítulo 18 de este tratado, obliga a cada socio a garantizar que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente.

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