SERGIO GONZÁLEZ
En breve, el INE deberá sortear enormes retos que lo pondrán de nuevo a prueba y de nuevo en el centro de atención y vigilancia de las y los actores políticos, de los medios de comunicación, de la academia y de la ciudadanía en general.
Naturalmente, por estar a solo 18 días, el primero es la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio, la más grande y compleja de su historia. En este caso, considere el abstencionismo natural de una elección intermedia, la disuasión que la pandemia quizá genere entre el electorado, la asignación de diputaciones plurinominales con una nueva y controvertida metodología. Igualmente, los resultados, hallazgos, sanciones y litigios que resulten de la fiscalización de las campañas, en medio, quizá, de un periodo postelectoral salpicado por quejas cruzadas entre partidos, referidas a causales de nulidad por exceso en los gastos de campaña; por compra ilegal de tiempos en radio y televisión o cobertura informativa; o por recepción o uso de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
En segundo lugar, la Consulta Popular del 1° de agosto, para plantear y resolver una pregunta constitucional pero anodina creada en la Suprema Corte. Sin lugar a dudas, el INE cumplirá su deber de preparar, promocionar y llevar a cabo el ejercicio, pero lo hará a pesar de un severo déficit presupuestal.
En tercer lugar, quizá finales de agosto, el Consejo General discutirá y aprobará el presupuesto del ejercicio 2022, que deberá turnar a Hacienda para que sea incluido en el proyecto de presupuesto general. En este caso, no hay que soslayar que, al proyecto referido a 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados le aplicó un recorte presupuestal de 870 millones de pesos y posteriormente Hacienda le negó al INE en dos ocasiones los recursos adicionales solicitados para la Consulta Popular. Importa recordar que será una nueva legislatura de dicha Cámara la que resolverá sobre esta materia.
En cuarto sitio, considere un proceso, recién iniciado, que el INE debe resolver con pulcritud hacia finales de octubre. Me refiero a la designación de 52 Consejeras y Consejeros de los órganos electorales locales para colmar vacantes en 29 de las 32 entidades federativas. 17 de esas vacantes (incluyendo ahora Chihuahua) son de Presidencia de sus Consejos Generales y 35 más de Consejerías regulares. Esto quiere decir que, hacia finales de este año, se habrá renovado parcialmente el 90% de los órganos respectivos, pero cambiado la titularidad de 53% de ellos. Esto importa porque la organización de las elecciones es una función estatal que realiza el INE, sí, pero con el concurso de dichos institutos, comisiones y consejos locales electorales. Además, en junio de 2022 seis entidades tendrán elección de gubernatura: Oaxaca, Hidalgo, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo. Avanzaré el jueves.
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