INE: Retos 2020

Hay que detonar reingeniería de procesos y rediseño organizacional propios, auténticos, profundos y vinculantes para acometer, entre otras cosas, las grandes brechas salariales y de prestaciones entre los altos mandos y los funcionarios más modestos. Independientemente de las diversas controversias constitucionales hoy en curso, el Consejo General debe adaptarse con mucha seriedad, flexibilidad, sensibilidad e información, a la situación económica del país. Un árbitro cuestionado en estos menesteres no podría impartir calma en momentos de crispación entre los jugadores.

Hay que adelgazar y hacer más ágil en general la estructura organizacional funcional, evitar duplicidades y traslapes entre áreas de responsabilidad, pero, sobre todo, acortar tramos de control. Deberían revisarse de nuevo los estudios realizados en esa materia por las consultoras Lukev, Hay Group y Deloitte & Touche, así como los informes de la Comisión Temporal de Modernización Institucional 2015-2017 (sobre todo el modelo denominado Cadena de Valor) y el Plan Estratégico del INE 2016-2026.

Hay que repensar y mejorar el diseño, cabildeo, ejercicio, control y evaluación del presupuesto de la institución para sujetarlo a más estrictos estándares de racionalidad y utilidad pública, reduciendo el costo general institucional con criterios de austeridad republicana y gobierno abierto. Quizá sea tiempo ya de crear una comisión permanente del Consejo General en materia de administración y presupuesto y ponderar la creación de la Secretaría Administrativa, del mismo rango que la Ejecutiva, como lo hace exitosamente el IECM, al menos desde 2008.

Hay que incrementar la supervisión, vigilancia ciudadana y transparencia de todas las contrataciones pero también el involucramiento directo de los consejeros y consejeras para garantizar mejores adquisiciones. Conviene reflexionar entonces sobre la creación de una Unidad Técnica de Control Interno y Planeación. Si el INE ofrece elecciones íntegras, debe garantizar adquisiciones íntegras, que deben ser además abiertas y transparentes.

Hay que ver al contralor del Instituto como aliado estratégico en el combate a la corrupción y para la rendición de cuentas. La renovada centralidad y peso de los órganos internos de control actuales son fortalezas institucionales que hay que saber aprovechar.

Finalmente, hay que prever los impactos de las nuevas normas, instituciones y procedimientos constitucionales reformados en diciembre de 2019 en materia de consulta popular. Los cambios a la ley reglamentaria (aun no expedidos) seguramente traerán nuevas atribuciones para el INE, que debe estar preparado para enfrentarlas. Lo mismo debe hacerse respecto de las normas reglamentarias (aun no expedidas) de la reforma constitucional sobre revocación de mandato.