INE comienza verificación de firmas para la Revocación de Mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará a verificar las 9 millones de firmas para la Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de descartar rubricas de personas fallecidos, en prisión, credenciales vencidas o duplicadas, y llegar a las 2.7 millones válidas.

Según el calendario del órgano electoral, a partir del domingo deberá comenzar el proceso de verificación y digitalización de firmas entregadas en formatos impresos, comenzando con la apertura de más de mil cajas el pasado lunes y solo se tiene el registro de los apoyos conseguidos vía digital.

La verificación de las firmas consiste en varias etapas: primero se inicia la revisión del formato original, es decir, que lleve la credencial de elector y que cuente con los datos correspondientes, en caso de reunirlos, inicia otra etapa; el segundo paso es que el equipo de captura se encargue de verificar datos con el padrón electoral y cuando se hace el cruce de información con el padrón, se arrojarán las posibles inconsistencias.

Respecto a las inconsistencias, estas implican que los datos del formato físico no sean correctos o falte algún elemento, como puede ser la copia de credencial de elector, nombre o clave de la personas que entregaron su apoyo.

En caso de tener los datos correctos, las irregularidades que se pueden detectar es que la credencial esté vencida o dada de baja en el padrón, y estos casos podrían ser porque la persona perdió sus derechos político-electorales, que se encuentre en prisión o porque la firma sea de una persona que ya falleció

De acuerdo con la ley, se deben reunir el 3% de la Lista Nominal Nacional, es decir, 2 millones 758 mil 277 firmas válidas y que impliquen al menos el 3% de la Lista Nominal de 17 entidades federativas.

Además, en las últimas tres semanas de enero, la autoridad electoral tomará una muestra de entre el 2 y 3% de las firmas ya validadas para visitar casa por casa a las personas que aparentemente dieron su firma, con el objetivo de corroborar que su apoyo fue de manera libre y descartar el uso ilegal de sus datos personales.

Por ello, el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, deberá entregar este informe a más tardar el 3 de febrero al Consejo General para que la autoridad electoral lance la convocatoria formal el día 4. Para esta fecha, se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) haya resulto la controversia constitucional sobre cómo deberá realizarse el ejercicio.

En caso de que el INE deba cumplir con los requisitos legales e instalar 162 mil casillas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá entregar 2 mil 300 millones de pesos, pero si la Corte autoriza incumplir con el mandato legal, el INE realizará la consulta con los mil 503 millones de pesos que tienen contemplados.

Imagen: Cuartoscuro