Ya está en puerta la reforma electoral en México y en la iniciativa que llegue al poder legislativo deberán de reflejarse los resultados del foro o consulta plural organizada desde la presidencia de la República.
Los tiempos corren y para que pueda aplicar en las elecciones de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gobiernos estatales, la ley señala que cualquier modificación a las reglas debe estar aprobada tres meses antes de que empiece el año electoral y empieza en septiembre de 2026. Por lo tanto, la nueva normatividad debe estar lista a más tardar en mayo del año en curso.
El 4 de abril próximo Claudia Zavala, Jaime Rivera y Diana Ravel culminarán su ciclo como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que, con las leyes todavía vigentes, a la Cámara de Diputados correspondería elegir a los relevos.
No se puede dar por hecho que esto vaya a ocurrir. Habrá que esperar a ver cómo queda finalmente la reforma. Existe fuerte corriente que empuja para que se reduzca la composición del Consejo. Actualmente funciona con once consejeros y consejeras, incluyendo la presidenta Guadalupe Taddei.
Con los tres que van a irse en abril, quedarían ocho, con los que podría seguir funcionando el INE.
Dependerá de la iniciativa presidencial y de lo que discutan y aprueben diputados y senadores.
No deberá perderse de vista que el partido en el poder cuenta con la mayoría calificada para sacar con sus aliados PT y Verde Ecologista la reforma. Con los tres partidos sería suficiente. Es evidente que se buscará ampliar el consenso, de otra manera el gobierno en turno no hubiera impulsado la consulta nacional.
Lo ideal es una reforma que tome en cuenta la pluralidad o al menos incluya puntos claves en los que prevalezca el acuerdo. Lo que se haga, marcará las nuevas reglas de la competencia electoral.
A pesar de los escépticos que temen retroceso democrático, hay señales de que serán escuchadas y atendidas las distintas voces. Va un ejemplo: desde hace varios años, desde el sexenio anterior, entre los diputados de la mayoría (Morena) se planteó la desaparición de los Organismos Públicos Electorales (OPLES), al considerar que duplicaban tareas del INE y que estaban convertidos en una carga para el erario.
Hasta ahora lo que se ha probado es que han caído en excesos de gasto y que pueden funcionar con menor número de consejeros, no siete como sucede. Podrían operar con cuatro o tres. Ya se verá qué es lo más conveniente. Lo que también se ha probado es que son útiles y cumplen con su responsabilidad de organizar elecciones locales.
Nadie más que este tipo de instituciones para conocer y realizar las actividades electorales en los estados. Sería un error eliminarlos y dejarle todo el paquete al INE como órgano central. Centralismo riesgoso para el éxito de los procesos electorales en las diferentes entidades. Quienes trabajan en la Ciudad de México no dominan el espectro político regional.
El consenso es optimizar su funcionamiento y cada vez son más las voces, de diversos partidos, que se expresan en este sentido.
Sin embargo, hay que aguardar a que se cumplan los plazos, a que se conozca la iniciativa, la revisen diputados y senadores, y que sea aprobada por mayoría calificada, porque va a tocar Constitución. También requeriría el visto bueno de la mayoría de los congresos locales.
En este contexto se encuentra la composición del Consejo General del INE. Su número de integrantes está fijado por la Constitución. Está a debate si se reduce o no su número.
Por lo pronto, en abril se despiden del INE Claudia Zavala, Jaime Rivera y Diana Ravel, tres consejeros que defendieron el carácter colegiado del instituto para tomar decisiones.
Con su salida, terminaría el choque de bloques que se ha venido registrando cada vez que se discute y vota una propuesta controvertida.
X y TikTok: @zarateaz1