Impunidad, mal sistémico

El delito es una conducta consustancial al ser humano; en ninguna sociedad hay cero ilícitos. Siempre habrá un Caín, por lo que el homicidio doloso estará presente en la historia universal; la envidia llevará a la apropiación ilegal de los bienes del vecino, el comportamiento psicópata conducirá a las agresiones sexuales y toda actitud antisocial infringirá la ley. En los países nórdicos también atentan contra primeros ministros o masacran a estudiantes. La diferencia con nosotros es que el nivel de impunidad es muy bajo.

En nuestro sistema penal, la impunidad es del 98 por ciento, es decir, de cada cien ilícitos que se denuncian, solo se castigan dos. Obviamente la cifra negra es muy superior y las estadísticas hablan de que, por desconfianza en las autoridades, sólo el diez por ciento de los agraviados acuden al ministerio público y no siempre se abre una carpeta de investigación. Tampoco hay empatía con los impartidores de justicia, ya que no siempre una consignación termina en sentencia. Es conocido el sistema de la puerta giratoria, donde tardan más los delincuentes en entrar al penal que en salir de él, y no necesariamente por corruptelas de los jueces, sino debido a la mala integración de las averiguaciones y las violaciones al debido proceso.

En México, la incidencia delictiva -que hoy es muy alta-, contiene un noventa por ciento de delitos del fuero común, es decir, homicidios, feminicidios, robo en todas sus variantes, secuestro, violaciones, lesiones, violencia intrafamiliar, entre otros. Y menos del diez por ciento son ilícitos del fuero federal, generalmente querellas de dependencias de gobierno o la necesidad de denunciar el extravío de documentación oficial.

Donde más impunidad hay es en el fuero común, delitos que más dañan a la sociedad, porque afectan la integridad física y el patrimonio del ciudadano de la calle.

Todos los gobiernos han establecido programas de seguridad pública y procuración de justicia con la idea de controlar el delito, castigar a los presuntos responsables y mantener la paz social. Así, en materia de prevención, hemos pasado del policía de barrio al policía de proximidad, y se han incorporado a los cuadrantes esquemas de inteligencia y de videovigilancia sin que se evite el delito ni haya más detenciones. En cuanto a la justicia, pasamos del juez de instrucción -con facultades de investigación-, al ministerio público de barandilla y a los fiscales especializados, sin que se eficienticen las consignaciones. Los impartidores de justicia tampoco han logrado hacerla pronta ni expedita. Sin duda, el nuevo sistema penal acusatorio -los juicios orales-, han hecho menos eficaces a los jueces, acostumbrados al burocrático papeleo de los juicios escritos y sus voluminosos expedientes. La vieja escuela del derecho romano se separa cada vez más del fiscal poco versado en la oralidad. No se diga de los policías, sin capacitación real en las modernas técnicas de investigación.

Ante ese panorama, es lógico que haya tanta impunidad, no solo por los altos estándares de corrupción en la cadena de persecución y castigo del delito, sino porque no se ha establecido un esquema de seguridad y procuración de justicia de largo alcance, transexenal e imparcial. El combate al crimen, en general, debe basarse en las policías locales, especialmente las preventivas, las que deben evitar la comisión de los ilícitos. Para ello se requieren fuerzas del orden capacitadas, con equipo y servicios integrales de inteligencia que posibiliten distribuir a los agentes en los puntos donde se cometen los crímenes, para que su presencia estratégica los inhiba. No es sacar a más policías y sembrarlos en las esquinas, sino responsabilizarlos de áreas con mayor incidencia. Por lo que hace a fiscales y jueces, necesitan estar más capacitados para enfrentarse en los juicios orales. Hay que recordar que delito que no se castiga, delito que se repite.