Impunidad: óbice en América Latina

Día a día es habitual enterarnos de casos relacionados con corrupción y falta de transparencia pública, llegando incluso a ser parte de escenarios cotidianos donde los derechos humanos distan de ser exigibles y realizables por parte de la población. Sin embargo, cuando hablamos de impunidad y tomamos en cuenta que nuestra región encabeza algunas de las listas a nivel global, inmediatamente nos situamos en un panorama, en el que debemos atender con urgencia la erradicación de este problema.

Podemos decir que la impunidad es consecuencia de la falta o ausencia de investigaciones y sanciones contra aquellas personas que han transgredido a los derechos humanos o han cometido algún delito, por lo que, al tratar este precepto, la corrupción se potencializa como un problema que incita a su reproducción a los ojos de la justicia y el derecho.

En ese sentido, durante las últimas décadas, la impunidad ha sido el catalizador de otros flagelos que obstaculizan el desarrollo de los derechos humanos y la democracia en América Latina, de modo que, la desigualdad y la violencia se presentan como la antesala de un fenómeno que permea nuestro quehacer como Estados y como sociedades.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) del año 2020, ningún país de nuestra región se encuentra entre la lista de Estados con índices bajos, ya que, Honduras, Paraguay, Guyana, México, Guatemala, Perú y Ecuador, son algunos de los países con mayor incurrencia en la lista de impunidad a nivel continental.

Por ello, que nuestro país ocupe el cuarto lugar de la lista anterior, a diferencia de años anteriores, no significa que haya existido una mejora o transformación significativa en nuestro sistema normativo para propiciar un mayor respeto a los derechos humanos, sino que, por el contrario, no se ha generado la suficiente voluntad jurídica, política y por parte de la sociedad para establecer los mecanismos y herramientas necesarias que permitan atenuar dicha problemática.

La situación que enfrentamos, al igual que los países latinoamericanos, se desenvuelve de manera crítica debido a la falta de respuesta y atención de diversos Estados, así como a la discrepancia entre los estudios y estadísticas reportadas por algunos gobiernos frente a aquellas que brindan organizaciones no gubernamentales. Sumado a esto, la preocupación por los altos niveles de impunidad se retroalimenta ante la preponderante desigualdad socioeconómica, agravando consigo las condiciones de aquellos sectores y grupos en situación de vulnerabilidad.

Por lo anterior, es fundamental establecer un marco de cooperación regional destinado a propiciar la generación de mecanismos y políticas públicas dirigidas a consolidar Estados de derecho que hagan énfasis permanente en la transformación de los sistemas de seguridad y justicia, dotándolos con mayores capacidades humanas, infraestructura y profesionalización. Igualmente, debemos asumir en nuestro actuar individual, la recuperación de valores y conductas que se rijan en todo momento a través de un respeto cada vez mayor a los derechos humanos.