Generará problemas a los propietarios de inmuebles, asesores inmobiliarios y a los bancos. Esta iniciativa de las congresistas de Morena de la Cdmx Valentina Batres y Martha Ávila Ventura retoma conceptos que atentan contra el Estado de derecho y la propiedad privada e inhibirían el crédito para construir vivienda para renta.
El 8 de julio las diputadas propusieron llevar a cabo la “negociación” entre propietarios e inquilinos por el Covid-19. De facto, esta se viene dando de siempre, y más con la pandemia. Esta iniciativa ya se había propuesto y como lo vemos con otras, por ejemplo con el manejo de las Afores, se insiste para lograr que pasen.
Apegándose al artículo 19 de la Constitución capitalina publicaron la iniciativa como consulta, generando reacciones como esta:
La iniciativa propone que el contrato que legalmente se firma por un año, ahora deba ser por tres años ó será nulo. Y propone no pedir ni fiador ni fianza que garantice el pago de la renta.
El propietario no podrá recuperar el depósito si el inquilino termina el contrato por anticipado.
La iniciativa apoya al inquilino sin reconocer el esfuerzo que hizo un propietario para hacerse del inmueble. Está, a juicio de analistas del sector, atentando contra el Estado de Derecho y contra la iniciativa privada. La inversión en renta equivale al 1.5% del PIB federal, quizá esto llame la atención de la Jefa de gobierno.
De proceder, alertará incluso a bancos a no dar crédito para construir vivienda para renta (aunque funcionarios y analistas recomiendan la opción ante la dificultad de muchos mexicanos para comprar su casa).
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ciudad de México (AMPI) afirmó que las modificaciones que pretende realizar el grupo parlamentario de Morena “por petición de un grupo de ciudadanos, es a favor de los arrendatarios y otra vez en contra de los arrendadores”, y tiene tres conceptos que no pueden ser violatorios de otras garantías constitucionales “como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, y no pueden ser retroactivas en perjuicio de persona alguna, tratándose de operaciones vigentes”.
Añade que “…los problemas han ocasionado atrasos en alquileres e hipotecas de viviendas, pero en ningún momento han representado amenaza alguna de desalojo forzoso...” Las medidas inmediatas que se pretenden tomar para garantizar el derecho a la vivienda son excesivas e ilegales.
Salvador Sacal dirigente de AMPI CDMX advirtió que ”pretender establecer límites al monto de garantía para reparaciones del bien a arrendadores o para el pago de adeudos, es ilegal y viola el principio de seguridad jurídica del arrendador… transgrede normas de libre mercado”
Por cierto…
La iniciativa turnada a las Comisiones unidas de Derechos Humanos y Administración de Justicia se puede consultar hasta el 18 de julio.
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/1364
PREGUNTA:
¿Te interesa rentar tu depto en este contexto?
¡Hasta la próxima semana!
mariel@grupoenconcreto.com