Integridad pública contra corrupción

Columnas jueves 07 de enero de 2021 -

En actualización y reemplazo de una muy antigua recomendación sobre la Mejora de la Conducta Ética en el Servicio Público (1998), la OCDE, una de las organizaciones precursoras en innovar respecto de la reflexión, métrica y análisis de la Integridad Pública, publicó recientemente su Recomendación sobre Integridad Pública.

En ella propone directrices y mejores prácticas con la idea de fortalecer la fibra republicana, así como la legitimidad social y política y la consistencia ética de nuestros sistemas representativos frente a los embates del flagelo.

La recomendación proporciona a los responsables de las políticas un guía para el diseño de una estrategia de integridad pública. Cambia el enfoque de las políticas de integridad ad hoc a un enfoque integral basado en el riesgo con énfasis en la promoción de una cultura de integridad y se basa en tres pilares: Tener un sistema para reducir las oportunidades de comportamiento corrupto, cambiar la cultura para hacer que la corrupción sea socialmente inaceptable, hacer que la gente sea responsable de sus actos.

Se organiza en 13 principios agrupados en tres grandes ejes: 1. Construir un sistema de integridad pública coherente y completo, que obliga al compromiso y ejemplaridad de funcionarios públicos de alto rango y la aclaración de responsabilidades y tramos de control para tender a la eficacia; 2. Desarrollar una cultura de integridad pública que incorpore a toda la sociedad, sus sectores y organizaciones y que contemple un fuerte componente de transparencia; y 3. Crear instrumentos eficaces de rendición de cuentas, en especial, los relativos a la auditoría y a la gestión estratégica de riesgos, además de mecanismos suficientes y oportunos de supervisión y castigo a cargo de las agencias reguladoras.

Por otro lado, propone un esbozo conceptual muy completo: la integridad pública es la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos sobre los intereses privados, en el sector público. Quizá lo más importante es la idea de amplio espectro del sector público, pues abarca los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales, así como sus funcionarios, nombrados o elegidos, remunerados o no, temporales o permanentes, en la administración nacional y en sus contrapartes subnacionales; incluye también empresas públicas o estatales, asociaciones público-privadas, incluyendo sus directivos y funcionarios, así como en general entidades que presten servicios públicos.

Esta aportación produce optimismo hacia el futuro; importa porque eventualmente permitiría que todos hablemos de lo mismo cuando hablemos de integridad pública y, por lo tanto, de la prevención, métrica, combate y sanción de la corrupción, y eso es urgente si queremos avanzar más rápido en la ruta de una profunda y necesaria restauración ética del ejercicio de la función pública y, sobre todo, de la política en democracia.