Claudia Bolaños
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) acusó al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de incurrir en una persecución institucional contra el juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, luego de que el órgano disciplinario diera vista a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su caso.
El juzgador, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, enfrenta un procedimiento de responsabilidad administrativa que podría trasladarse al ámbito penal, situación que JUFED calificó como una medida de intimidación contra integrantes de la carrera judicial.
La asociación sostuvo que las diferencias de criterio jurisdiccional no deben convertirse en materia de persecución penal y acusó al Tribunal de Disciplina Judicial de actuar sin neutralidad.
De acuerdo con JUFED, Sigales Obrador Garrido permanece suspendido cautelarmente desde hace casi un año, pese a que la normativa establece un plazo máximo de seis meses para este tipo de medidas provisionales.
También cuestionó que la suspensión fuera dictada originalmente por una Comisión de Investigación que, según la asociación, carecía de atribuciones legales para imponerla.
JUFED vinculó las actuaciones contra el juez con una petición por escrito de la Presidencia de la República, luego de que la mandataria federal reconociera haber enviado una carta a la Corte y al Tribunal de Disciplina Judicial tras la liberación de un imputado. A partir de ello, sostuvo que las decisiones del órgano disciplinario responderían a instrucciones políticas y no a criterios de legalidad.
La asociación denunció además que la existencia de una denuncia penal promovida por el propio TDJ se mantuvo oculta hasta que la defensa tuvo acceso formal a la acusación. Asimismo, señaló que las autoridades no han respondido a solicitudes presentadas el 22 de abril y el 6 de octubre de 2026 para obtener las actas y justificaciones de una sesión celebrada el 30 de octubre de 2025.
Como parte de los hechos que cuestiona, JUFED mencionó el acuerdo del 22 de septiembre de 2026 mediante el cual se habilitó a un juez de control con residencia en Tepic, Nayarit, para resolver la formulación de imputación en la causa penal 104/2026 contra el juez federal en Colima.
La organización expresó su respaldo a Sigales Obrador Garrido y exigió el cese de lo que considera acciones de amedrentamiento penal y persecución política contra personas juzgadoras de carrera judicial.
Las acusaciones sobre presuntas irregularidades y motivaciones políticas corresponden a la postura de JUFED.