Jalisco, ¿permiso para matar?

Columnas miércoles 16 de julio de 2025 -

La violencia feminicida en Jalisco no da tregua. Los asesinatos de Karla y Valeria Márquez, ocurridas con semanas de diferencia en puntos distintos de Guadalajara, reflejan una realidad insostenible: Jalisco ha renunciado a garantizar la vida de las mujeres. Lo más alarmante es que esta espiral de violencia no ha sido frenada por la administración del gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano (MC), que ha minimizado los hechos o se ha limitado a condenas formales.

Karla murió en plena calle. El agresor, presunta ex pareja, usó un fusil AR-15 para asesinarla a quemarropa. Lo hizo en público, en plena banqueta, frente a testigos y cámaras. La Fiscalía del estado descartó el vínculo afectivo. Pero más allá del móvil, el crimen exhibió la facilidad con que un civil accede a armamento de uso militar en una entidad donde los controles son laxos o inexistentes.

Valeria, joven emprendedora, fue asesinada en Zapopan mientras transmitía en redes sociales desde su salón de belleza. El agresor entró, disparó y huyó. La Fiscalía de Jalisco inició otra investigación más. Sin resultados tangibles hasta el momento, el caso se diluye entre cientos de carpetas abiertas sin resolución.

De enero a mayo de 2025, Jalisco ocupó el tercer lugar nacional en feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero la cifra es engañosa: apenas uno de cada cuatro homicidios de mujeres se investiga bajo el tipo penal de feminicidio.

Los feminicidios no surgen en el vacío. Se alimentan de la impunidad, la negligencia y la omisión. El acceso libre a armas de alto poder, como el AR-15, evidencia fallas sistemáticas en los mecanismos de control. ¿Quién autoriza su circulación? ¿Dónde están las inspecciones? ¿Por qué nadie lo detectó?

En la entidad que gobierna Lemus Navarro, las autoridades han sido rebasadas por los grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aun así, el discurso oficial evita cualquier mención a la posible relación entre violencia feminicida y crimen organizado. Se prefiere hablar de casos aislados, cuando hay patrones evidentes.

El gobernador Jesús Pablo ha ofrecido declaraciones generales, sin medidas efectivas ni coordinación interestatal. No ha impulsado un plan integral que priorice la seguridad de las mujeres. Tampoco ha atendido las denuncias de omisión de las fiscalías, ni mejorado los protocolos de atención en los ministerios públicos.

En paralelo, la violencia institucional se mantiene. Las víctimas que acuden a denunciar enfrentan cuestionamientos, indiferencia y desinformación. Se les niega protección, se archivan sus denuncias o se les revictimiza. El sistema judicial en Jalisco les ha fallado una y otra vez.

Mientras, la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo ha condenado los recientes feminicidios. Pero más allá de la condena, su gobierno trabaja en una iniciativa que presentará al Congreso de la Unión para fortalecer los mecanismos de prevención, control de armas y protección a mujeres en riesgo.

Si bien esta propuesta se discutirá en el ámbito federal, su implementación dependerá de la colaboración con gobiernos estatales. Ahí recae otro reto, exigir a mandatarios como Lemus Navarro para que no obstaculicen el avance de estas políticas.

Así, la administración de Jalisco enfrenta una responsabilidad ética y legal. Gobernar implica garantizar derechos, proteger vidas, construir instituciones confiables.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017