Jóvenes: presente y futuro.

Fue así, que en 1950 se creó el entonces Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, cuyo fin era “dirigir y orientar a la juventud en todos los problemas básicos nacionales, para alcanzar el ideal democrático, su prosperidad material y espiritual”, institución que cambió de nombre y de objeto en tres ocasiones para llegar al hoy Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) responsable de la implementación de políticas públicas en la materia.

No obstante, a los esfuerzos institucionales las estrategias implementadas no están cumpliendo con los objetivos esperados, pues por todos es conocido el rezago histórico educativo y la falta de oportunidades que enfrenta la juventud mexicana. Cifras oficiales señalan que 4 de cada 10 jóvenes viven en pobreza y que la mitad en edad escolar no tiene acceso a la educación. Trayendo como consecuencias: la reducción de las posibilidades de incorporase en el mercado laboral formal y por ende contar con las prestaciones de ley; ser presa de la delincuencia y adicciones; desinterés por involucrase en asuntos públicos, por ejemplo, en las elecciones de 2018 el electorado con mayor abstencionismo se encontró entre los 19 y 34 años; Así mismo, lamentablemente México lidera entre los países de la OCDE en el número de casos de acoso escolar y embarazos adolescentes, aunado a que es este sector el más afectado por la pandemia.

Estas problemáticas que se han convertido en una demanda constante ven luz con la reforma constitucional recién aprobada en materia de juventud, que eleva a rango constitucional el derecho de la juventud a un desarrollo integral y su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país, además faculta al Congreso a legislar en la materia, y la cual, hay que decirse, llevó más de una década en aprobarse.

Es momento de dejar atrás aquel discurso de que los jóvenes son el futuro, es momento de verlos como un sector poblacional activo, con necesidades básicas de su generación y ávidos de que se les garantice derechos indispensables que los encaminen como verdaderos agentes de cambio.

Hoy, el Poder Legislativo, tiene la responsabilidad de construir una ley reglamentaria que de origen a una institución fuerte, que articule una estrategia de políticas públicas incluyentes, transversales, viables, medibles, con miras a futuro y evidentemente con un presupuesto que garanticen la tutela de los derechos otorgados, de lo contrario esta importante reforma quedará como otras más: en un ideal frustrado.

Viviana Islas Mendoza Colaboradora de Integridad Ciudadana, Politóloga por la UAM, con estudios en Políticas Públicas, Derecho Parlamentario, Procesos Electorales, Transparencia y Violencia Política contra las Mujeres @VivianaIslasM @Integridad_AC