La población en general está cada vez más inmersa en el uso de la tecnología; se ha vuelto característica el uso de nuevas modalidades, las cuales exigen también mecanismos y herramientas más ágiles y eficientes para poder acceder a la vida como se está desarrollando. De ahí que los temas pendientes se evidencian más que nunca y el acceso a la justicia es de los más evidentes.
En este entorno de inmediatez y expedites, sobre todo de resolución, la solución de los conflictos de manera electrónica representa una oportunidad para consolidar la eficacia de los procesos judiciales, sin menoscabo de la calidad del servicio.
De las cosas que se requieren para lograrlo, una es la tecnología, que vendrá a eficientar los trámites y servicios alrededor de los procesos. La otra, las sentencias. Ambas son herramientas del debido proceso. Una sentencia emitida con fundamento y motivación garantiza el derecho de acceso a la justicia, es la parte sustantiva que declara dar a cada uno lo que le corresponde, derivado de un razonamiento que se plasma por parte de los jugadores y que, espero de verdad, que nunca sea electrónico.
De manera reciente se publicó una reforma que hace públicas todas las sentencias, así se presumió. La primera noticia es que ya eran públicas y se daban a conocer cuando causaban estado, pues de lo contrario opera la reserva. La segunda, que es lo que importa, implica contar con la infraestructura tecnológica que permita los procesos y procedimientos electrónicos, que concluyan con una sentencia, que se publicará en versión pública, pues todas contienen datos personales que deben salvaguardarse.
El problema es que esa publicidad se hará a través de una plataforma accesible y para ello hay mucho que trabajar al respecto en los tribunales de todo tipo, porque la justicia tiene muchas caras, no sólo la judicial.
Como dije, todo mundo aplaudió esa reforma y yo también le aplaudo, pero para lograr los fines que se persiguen se requiere de muchos recursos: humanos, materiales y, desde luego financieros, para transformar los procesos electrónicos que faciliten esa gestión que llegue a una resolución en lenguaje sencillo, incluyente y con perspectiva de género, etcétera.
En mi larga experiencia haciendo sentencias, me doy cuenta que lo difícil no es dictarlas, siempre las hemos hecho con conocimiento y convicción de lograr el fin máximo de la justicia, que ya mencioné, y darle publicidad con transparencia, pues el poder judicial nunca se ha opuesto a ello; lo difícil será lograrlo con cada vez más requerimientos y menos herramientas, que les permitan a los ciudadanos ya no acceder a todas, sino por lo menos a la de su interés, en un marco transparente, que le quite esa idea de impunidad, tan de moda ahora. Para ello, se requieren de otras voluntades.