Justicia selectiva y politización del Poder Judicial: el caso de Enrique Graue

La reciente sentencia en contra del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, y del ex director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, por la cual se les condena a pagar 15 millones de pesos por presunto daño moral, es una muestra alarmante de cómo en México la justicia sigue utilizándose de manera selectiva y discrecional. Este fallo, emitido en un contexto político y mediático de alta polarización, pone de relieve las profundas debilidades estructurales que aquejan al sistema judicial del país, y exhibe su vulnerabilidad ante los intereses coyunturales y presiones externas.

La justicia mexicana arrastra desde hace décadas una reputación marcada por la opacidad, la parcialidad y el rezago. Sin embargo, los acontecimientos recientes evidencian una peligrosa intensificación de la politización de los órganos jurisdiccionales, tanto a nivel federal como local. En lugar de actuar como contrapesos institucionales, muchos jueces y tribunales están cediendo a los dictados del momento político, convirtiendo el derecho en un instrumento para ajustar cuentas o enviar mensajes desde el poder, más que como mecanismo imparcial de resolución de conflictos.

El proceso que enfrenta el exrector Graue resulta particularmente indignante por varias razones: pero, sobre todo, porque se deriva de su actuación, que fue en todo tiempo mesurada y cuidadosa, respecto de la acusación de plagio que se hizo en contra de la ministra Yasmín Esquivel. En segundo lugar, el monto de la condena -15 millones de pesos- resulta completamente desproporcionado, lo que apunta a una voluntad de escarnio público más que a la impartición real de justicia.

Este episodio se agrava en el contexto de la próxima elección por voto popular personas juzgadoras, lo que ha colocado al país en una ruta hacia el desdibujamiento del principio de División de Poderes que está establecido en nuestra Constitución Política, y que puede llevar al Poder Judicial al borde de su captura por parte de partidos políticos, grupos de interés o poderes fácticos. Lejos de fortalecer la justicia, esta medida podría abrir las puertas a una judicatura sometida al cálculo electoral, a la popularidad momentánea y al financiamiento opaco de campañas, factores todos incompatibles con el rigor técnico, la autonomía y la neutralidad que exige la función judicial, y como consecuencia, la vigencia del Estado de Derecho.

México necesita una renovación profunda de su sistema de justicia, una que garantice la objetividad de los procedimientos, el equilibrio procesal y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. La sentencia contra Enrique Graue no abona a este objetivo; al contrario, lo aleja. La buena noticia es que existe el recurso de revisión y que aún hay instancias superiores donde, se espera, prevalezca el criterio jurídico por encima del ruido político.

Por todo ello, la resolución en contra del exrector debe ser revocada. No solo por justicia hacia su persona, sino como un gesto de defensa de la razón jurídica frente al avance de una justicia mediática, selectiva y peligrosamente instrumentalizada.

Investigador del PUED-UNAM