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Justicia sin Excepciones: La Urgente Reforma del Fuero en México
Columnas
En el corazón de toda república democrática yace un principio fundamental, casi sagrado: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Este no es un mero idealismo retórico, sino el cimiento sobre el cual se construye la confianza en las instituciones y la legitimidad del Estado.
Sin embargo, en México, este pilar fundamental se ve constantemente erosionado por una figura jurídica tan controversial como anacrónica: el fuero constitucional.
Concebido en su origen como un escudo para proteger la libertad de expresión y la función pública de la persecución política, el fuero se ha desvirtuado hasta convertirse, en la percepción pública y en numerosos casos prácticos, en una patente de corso para la impunidad. La discusión sobre su eliminación o reforma radical no es un capricho populista, sino un imperativo categórico para la salud de nuestra democracia.
El argumento histórico que justifica la existencia del fuero se basa en la necesidad de proteger a los legisladores y altos funcionarios del poder indebido del Ejecutivo o de otros grupos fácticos, garantizando que no puedan ser silenciados o apartados de su cargo mediante acusaciones frívolas o fabricadas. En el México posrevolucionario, y en muchas democracias nacientes, esta protección era vital para el equilibrio de poderes. No obstante, el contexto ha cambiado drásticamente. Hoy, el principal desafío no es la persecución política de opositores, sino la corrupción sistémica y el abuso de poder que se amparan precisamente en estas barreras legales. El fuero, en su concepción actual, envía un mensaje devastador a la ciudadanía: que aquellos encargados de crear y aplicar las leyes operan por encima de ellas.
La propuesta de que diputados, senadores, secretarios de Estado, directores generales e incluso el Presidente de la República puedan ser investigados y, de ser necesario, juzgados como cualquier otro ciudadano mientras se encuentran en funciones, no es una idea radical. Al contrario, es la norma en democracias consolidadas y un camino que varias naciones latinoamericanas ya han emprendido con notables resultados.
Países como Argentina, Brasil o Colombia han demostrado que es posible hacer rendir cuentas a los más altos funcionarios, incluso a presidentes en ejercicio o recién salidos del cargo. Los procesos judiciales contra exmandatarios en estas naciones, si bien complejos y a menudo políticamente cargados, han fortalecido sus instituciones al afirmar que nadie, sin importar la investidura de su cargo, es intocable. Estos ejemplos desmienten el mito de que la gobernabilidad se colapsaría si un alto funcionario enfrenta a la justicia; por el contrario, la gobernabilidad se fortalece cuando se basa en la integridad y la rendición de cuentas.
Igualmente pernicioso es el concepto de la caducidad de la acción penal una vez que el funcionario deja el cargo. La estrategia es bien conocida: abandonar el país o utilizar el poder y los recursos del Estado para obstruir y retrasar cualquier investigación, sabiendo que el reloj de la prescripción corre a su favor. Al terminar su mandato, muchos de los delitos que se les imputan han prescrito o están a punto de hacerlo, garantizando una jubilación tranquila financiada por el erario que saquearon. Es una burla al sistema de justicia y un insulto a los ciudadanos. Por ello, una reforma integral debe contemplar que, para delitos graves como la corrupción, el peculado, el enriquecimiento ilícito o las violaciones a los derechos humanos, el plazo de prescripción no corra mientras el individuo ocupe un cargo público. La acción de la justicia no debe tener fecha de caducidad cuando se trata de la traición a la confianza pública.
Quienes se oponen a estas reformas argumentan que eliminar el fuero abriría la puerta a una "judicialización de la política", donde los adversarios utilizarían denuncias espurias como arma para neutralizar a sus rivales. El temor no es infundado y debe ser atendido con seriedad. Sin embargo, la solución no es mantener el statu quo de la impunidad, sino construir un sistema de justicia verdaderamente autónomo y profesional, con fiscalías y poderes judiciales independientes que puedan discernir entre una denuncia frívola y una investigación con sustento. La protección no debe ser una inmunidad generalizada para la persona, sino una protección específica para la función. Es decir, se debe mantener la inviolabilidad de las opiniones y votos emitidos en el ejercicio del cargo parlamentario, pero no extender un manto de impunidad sobre delitos comunes o actos de corrupción que nada tienen que ver con la labor legislativa o de gobierno.
En última instancia, la permanencia del fuero en su forma actual representa una profunda desconfianza en nuestras propias instituciones. Es admitir que nuestro sistema de justicia es tan débil que no puede proteger a un funcionario de una acusación falsa, pero al mismo tiempo pedirle a la ciudadanía que confíe en ese mismo sistema para su protección diaria. Esta contradicción es insostenible.
México se encuentra en una encrucijada donde debe decidir si perpetúa un modelo de privilegios que fomenta la corrupción y el cinismo, o si da un paso decisivo hacia la consolidación de un verdadero Estado de derecho. La eliminación del fuero y de la prescripción para delitos de corrupción no es una cacería de brujas; es la simple y llana aplicación del principio de que la ley es el único soberano en una democracia. La verdadera fortaleza de una república no se mide por el poder de sus gobernantes, sino por su sumisión a las mismas leyes que rigen al más humilde de sus ciudadanos.
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