No cabe duda de que nos encontramos frente a una nueva revolución industrial que implica y requiere el desarrollo de nuevas habilidades y la capacidad de adaptación frente a la inminente normalización de la inteligencia artificial [IA]. El derecho no será la excepción.
Las cargas de trabajo de cara al análisis de variables altamente complejas de los casos difíciles hoy están monopolizadas, al menos en el ámbito de la interpretación jurídica, a la mente humana. Sin embargo, el desarrollo de la IA al ámbito jurídico abre la posibilidad de que se puedan elaborar proyectos de respuesta procesal más rápidos y transparentes, en los que los plazos de respuesta se pueden reducir de varios años a pocas
semanas.
Esto abrirá un nuevo debate, en donde los derechos humanos tomaran un papel relevante, ya que, mediante cierta programación se podría, por aspectos ideológicos, invisibilizar ciertas soluciones justas; o peor aún, considerarlas como variables de programación inválidas. Por lo que, el reto será generar un mecanismo de programación de informática-jurídica que garantice un ejercicio parecido a lo que se hace con la ponderación en la argumentación judicial. Así, el nuevo debate se centrará en lograr un equilibrio en las variables informáticas que logren garantizar la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos y no se guíe por sesgos ideológicos que correspondan más a una lógica de mercado en el que la justicia y los derechos humanos sean un producto del que se pueda disponer, comerciar y se puedan invisibilizar por acuerdos de mercado o clientelares.
Se deberá trabajar en que la programación, que, si bien tiene un alto nivel del lenguaje técnico poco accesible a la ciudadanía, responda a las necesidades de una sociedad democrática, en el que mediante lenguaje ciudadano se explique cómo funcionan las variables y cómo garantizan los principios de derechos humanos antes mencionados que ordena nuestra Constitución.
De lograr esto, la IA será útil para combatir la corrupción ya que, si la o el operador se aleja de la respuesta programada y no justifica razonablemente el porqué de su decisión, pudiera generar, mediante indicadores, alertas a los sistemas de contraloría de esta conducta. Lo que permitiría tener un control mayor y más certeza jurídica ante la necesidad de previsibilidad del derecho en análisis de casos altamente complejos y el combate a la corrupción. La independencia judicial tendrá que analizarse ante la responsabilidad de la persona juzgadora para justificar su respuesta cuando se aleje de lo que propone la IA con un discurso razonable.
Habrá que estar al pendiente del giro y el desarrollo que implica la IA en la aplicación del derecho. Al final, esta es una herramienta y como tal, dependerá de nosotros el uso que le demos y ojalá sea para bien y para la lucha por una sociedad más justa en el que no se perpetúen las desigualdades mediante un consenso racional sobre las reglas y principios del juego previamente establecidos.