Como consecuencia de la Ley del 21 de marzo de 1804, Occidente sufrió un cambio fundamental con la aprobación del Código Napoleónico. En el antiguo régimen jurídico, una pluralidad de fuentes creaba la solución al caso. Paolo Grossi, en su obra «El Orden Jurídico Medieval», retrata claramente cómo en el alto y bajo medievo se realizaba esto. Hoy, incluso considerando la crítica del profesor Ferrajoli al paleo-positivismo, las normas se aplican al caso concreto, lo que implica un cambio de 180 grados respecto al sistema precodificado.
En este 2024, se abre la puerta al debate sobre si la Inteligencia Artificial (IA) implicará un cambio tan drástico para el derecho como lo fue en 1804. Hoy, las y los operadores jurídicos se enfrentan a procesos jurisdiccionales que, por su complejidad, implican varias horas de trabajo, acumulando cargas mientras los tiempos apremian. La IA se emplea en diversas ramas como finanzas, entretenimiento y recursos humanos. El reto para el derecho será determinar, entre otros sistemas, cómo la «Generative IA», mediante el uso de «Large Language Models», funcionará para comprender y generar texto jurídico, utilizando grandes bases de datos normativas que permitirán predecir y elaborar resoluciones jurídicas, acelerando los procesos y reduciendo las cargas de trabajo.
Esto implicará diversos cuestionamientos éticos que deberán abordar las instituciones, como garantizar la privacidad de los datos, o bien, la protección de la propiedad intelectual. Este aspecto deberá protegerse mediante la contratación de proveedores privados o la elaboración de sistemas propios que aseguren esta funcionalidad, sumado a la capacitación del personal para saber cómo proteger estos datos. También será necesario comprender mejor cómo dar instrucciones a estos modelos para evitar información falsa que, aunque coherente, pudiera ser disonante de la realidad. Asimismo, se deberán establecer mecanismos de supervisión para evitar sesgos cognitivos derivados de la programación o de la información que nutre estos modelos, garantizando así la igualdad y la no discriminación.
Existen diferentes herramientas de inteligencia artificial que pueden contribuir a comprender mejor las pruebas, reconocer escenas del caso o incluso explicar de forma sencilla y rápida aspectos complejos cuya comprensión pudiera implicar mucho tiempo. Es cuestión de tiempo para que se comiencen a implementar de forma masiva.
Poco a poco, vemos cómo se empieza a dotar de herramientas para comprender mejor este fenómeno. Diversos organismos internacionales, la academia y las judicaturas comienzan a abordar este tema. Será cuestión de tiempo para que, si se emplea adecuadamente, su uso se vuelva recurrente y nos enfrentemos a nuevos dilemas y debates éticos en torno a la protección y defensa de los Derechos Humanos en este siglo XXI.