La SCJN está obligada a defender la Constitución

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

La multitudinaria manifestación del pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, nos recuerda el compromiso que tenemos los mexicanos de formar parte del bloque de contención, que impida que el gobierno, que impulsó una reforma regresiva e inconstitucional en materia electoral, siga desmantelando las instituciones y ponga en riesgo el derecho que tenemos a elecciones libres y auténticas.

Aun cuando no se puede hacer una generalización sin tener en cuenta las particularidades y las experiencias históricas y políticas de cada país o región, es cierto que, en muchos casos, los gobiernos populistas surgidos en América latina –que impusieron reformas constitucionales para controlar a los poderes legislativo y judicial, empoderaron a las fuerzas armadas, terminaron con la autonomía de las instituciones y concentraron el poder en el Ejecutivo Federal, tal como desgraciadamente está ocurriendo en nuestro país–, han incurrido en prácticas antidemocráticas, lo que ha puesto muchas veces en riesgo la democracia y el Estado de Derecho.

No podemos pasar por alto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países en los que se ha reprimido a los opositores y se castiga cualquier forma de disenso y critica pública. Además de que la población de esas naciones enfrenta una crisis económica que afecta sus derechos sociales y económicos.

En Venezuela, desde hace 24 años, la oposición ha denunciado el deterioro de la democracia y la independencia de los poderes surgidos bajo el mandato del chavismo, pero no ha podido arrebatarle a Nicolás Maduro el poder por la vía electoral. Y en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega –que se ha aferrado al poder con uñas y dientes–, hace unos días privó de su nacionalidad a 317 personas. Esta ola de terror y represión fue condenada por varios gobiernos del área. Por ejemplo, el presidente Colombiano Gustavo Petro manifestó su repulsa al gobierno nicaragüense por despojar de su ciudadanía a connotados escritores y políticos no afines con la ideología de Ortega, quien por méritos propios se ha ganado el calificativo de dictador.

Estoy cierta que el término populismo puede ser utilizado de manera ambigua –y a menudo se emplea de forma peyorativa, lo que puede generar un debate sobre su significado real y su aplicación en diferentes contextos políticos–, pero Nadin Urbinati , doctorada en Ciencias Políticas en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, politóloga y profesora universitaria italo-estadounidense, refiere que “cuando los populistas se dejan llevar por la ambición y tratan de cambiar la Constitución para darle completa supremacía al Poder Ejecutivo, no solo comienzan a desmantelar la democracia sino a atentar contra sus propias credenciales populistas. Si eres un populista y destruyes la democracia, dejas de ser un populista y te conviertes en un dictador, en un fascista o en otra cosa”.

La docente de Ciencia Política en la Universidad de la República de Uruguay, María Luisa Aguerre, asegura por su parte que el populismo en América Latina ha sido ejercido por personas poco respetuosas de las instituciones democráticas, alejadas de la cultura de diálogo, del respeto a las instituciones democráticas y a la independencia de poderes, lo que alimenta la polarización política.

De ahí que, tras la embestida emprendida en México por el actual gobierno contra el Instituto Nacional Electoral (INE) –argumentando supuestos ajustes presupuestales a través de un draconiano plan de austeridad–, me parece de suma importancia puntualizar que, con el Plan B, el trabajo electoral de más de 30 años en nuestro país, está en riesgo y por ello los mexicanos no debemos permitir que se impida que la renovación del poder se realice de manera democrática y pacífica. Las autoridades administrativas electorales han reiterado que no se oponen a la austeridad, pero no están de acuerdo con el desmantelamiento del Servicio Profesional.

Lo decimos una vez más: con la reforma electoral se vulnerará la autonomía e independencia institucionales, se debilitarán los mecanismos de participación ciudadana, se afectará la integración de las mesas directivas de casilla, el traslado de los paquetes electorales y el conteo de votos. La reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, también desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.

De acuerdo con lo que establece la Constitución, los servidores públicos deben aplicar los recursos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, por lo que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.

Con la manifestación masiva en el Zócalo y sus alrededores –a la que acudieron el pasado domingo casi 500 mil personas, por propia voluntad, sin acarreos o dádivas de por medio, como ya se ha vuelto costumbre en la 4T–, los mexicanos ya demostramos que no nos quedaremos callados, ni seremos cómplices de aquellos que quieren asesinar a la democracia. Y en ese sentido coincido con el llamado que ha hecho el titular del INE, Lorenzo Córdova, para participar y definir juntos el destino y futuro del país y evitar pagar las consecuencias de estas modificaciones como sociedad.

Es fundamental mantener un compromiso con los valores democráticos y la promoción del diálogo y la participación ciudadana, para construir sociedades más justas y equitativas, donde las diferencias políticas se resuelvan a través del debate y el respeto a las normas y procedimientos institucionales. La sociedad civil, los partidos y el poder judicial deben contribuir a defender los derechos y el voto de las personas, pero también la legitimidad de los procesos electorales. Por eso estamos obligados a exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que antes de junio resuelva las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas en materia electoral, para que haya certidumbre y no se ponga en riesgo la estabilidad política del país durante el proceso electoral de 2024.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM