En aquella sesión del 30 de diciembre pasado, el Consejo General del INE acató resoluciones tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral para reiniciar los trabajos de la Revocación de Mandato (RM), suspendidos el día 17.
Retomo la crónica de aquellos debates. La Consejera Carla Humphrey, que emitió uno de los 5 votos en contra de la suspensión, señaló que dichas determinaciones judiciales eran coincidentes con su postura original, en el sentido de no suspender y continuar con los trabajos del proceso de RM con los recursos disponibles, máxime cuando el INE todavía no podía determinar si se cumplirían o no los requisitos constitucionales para llevar a cabo dicho proceso.
Así, dijo, era necesario reactivar “más del 70 por ciento de las actividades programadas para cumplir con nuestra encomienda constitucional”, pues el acuerdo de suspensión había aplicado para 31 acuerdos, que detuvieron 49 procesos, que a su vez pararon más de 190 actividades específicas. Insistió en uno de sus temas fundamentales: que la RM no es un proceso electoral, por lo que se les debe tratar, preparar y regular de manera distinta y también que la ley permite innovaciones, y claramente que este es el momento adecuado para innovar y economizar.
La consejera Favela dijo que las cosas se podrían haber hecho de otra manera; que ella no había estado de acuerdo “con la suspensión o posposición temporal como lo llamaron después los compañeros.” Al cerrar, dijo: “nosotros quisiéramos hacer casi una elección presidencial para la RM si es que se juntan las firmas, pero no estamos en esas circunstancias y hay que adecuarnos a la realidad que estamos viviendo.”
Al cerrar, la mexiquense invitó “a ya no seguir polarizando, pero no solamente a los actores políticos… consejeras y consejeros debemos de actuar con muchísima prudencia… con muchísima responsabilidad y no estar buscando a la confrontación.”
En su turno, el Consejero Jaime Rivera destacó que la virtud mayor del acuerdo de acatamiento para reiniciar la RM era que había propiciado un claro posicionamiento de las autoridades jurisdiccionales, tan necesario porque la situación presupuestal creada no tenía salida por sí misma para el INE, porque éste se encuentra obligado a cumplir la ley en sus términos.
Destacó que las sentencias referidas habían demostrado que el sistema republicano funciona, que la división de poderes funciona y que el sistema de la democracia contemporánea instituye, además de los tres poderes tradicionales de una república democrática, organismos constitucionales autónomos, que ejercen funciones especializadas y que funcionan no sólo para cumplir mandatos constitucionales y de ley, sino que también funcionan como contrapesos para que ninguno de los poderes pueda actuar sin límites en el ejercicio de sus funciones.
Como podrá ver no son posicionamientos menores. Avanzaré en entregas subsecuentes.
@ElConsultor2