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La corrupción del gran capital

La corrupción del gran capital

Columnas miércoles 01 de junio de 2022 -

Según la última encuesta del INEGI sobre calidad gubernamental, en México, por cada 100 habitantes, 15 personas que realizaron trámites, pagos, solicitudes de servicio o que tuvieron contacto con algún servidor público fueron víctimas de actos de corrupción. Según este estudio realizado a residentes de 46 mil viviendas, el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con más actos de corrupción con 65%; le siguen los trámites ante el Ministerio Público, con 24%; permisos relacionados con la propiedad, 22.3%; trámite para abrir una empresa, 21.9%, y trámites en juzgados o tribunales, 20.9%.
Otros datos relevantes fueron que el 86.7% de la población de 18 años y más identificó a familiares como los actores que mayor confianza inspiran y 79%, por escuelas públicas de nivel básico. En el otro extremo, confían menos en los diputados, senadores, policías y partidos políticos (¿quién lo hubiera pensado?). El primer problema de la corrupción es que, o se opta por una definición normativa (y por ende modesta, medible, manejable a partir de leyes y políticas, de incentivos económicos, etcétera) o se opta por una definición filosófica, y por ende siempre tendrá una raíz y una carga de moralidad.

La moralidad ni es totalmente judicializable ni programable en el sentido de un programa político. Pero es la más atractiva desde el punto de vista retórico. El segundo problema es que la medición de la corrupción es siempre parcial, interpretable, e inevitablemente ideologizada (porque la corrupción es una para un país y para otro, pero dentro de un mismo país, algunas prácticas son consideradas corruptas por las élites pero no por el pueblo, y viceversa).

Los medios, generalmente, toman la medición que más sirve para la nota sensacionalista, que casi siempre, al menos en México, es la de la “percepción” de la corrupción. Más precisa (aunque no infalible) es esta medición sobre cuántos ciudadanos, efectivamente, tuvieron contacto directo con un acto de corrupción.

Aunque 15% parece mucho, está muy por debajo de la percepción normal a nivel nacional, que siempre está por encima del 50% (es decir, siempre más del 50% del país cree que las autoridades son corruptas, aunque no les conste). Una de las consecuencias naturales es que el discurso de combate a la corrupción, una vez que se lo compra el electorado, todo lo explica y todo lo justifica (más en una era populista): desde la cancelación de un proyecto con pérdidas billonarias para el propio Estado, hasta la cancelación de programas gubernamentales o la creación de otros nuevos, sin importar los resultados de ninguna evaluación, ni de ningún diagnóstico.

Uno de los mejores antropólogos de México, Claudio Lomnitz, ha observado que las crisis seriadas a partir de la década de los 80 del siglo XX, construyeron un sentimiento anti político que a su vez revivió el discurso republicano del siglo XIX, con todo y su obsesión por la corrupción y la transparencia. El maestro sabe su rollo, pero no creo que esta obsesión sea gratuita.

Cuando nos encontramos con la noticia de que la empresa energética privada más importante de España y con enormes intereses en México, Iberdrola, fue sancionada con 9 mil millones de pesos por múltiples fraudes a la ley simulando asociaciones con clientes, acusada también en España por inflar el precio de la luz a contentillo (se supone que en el libre mercado no sucede eso, raro) y que las empresas de armas tienen a la mitad de los legisladores norteamericanos en la bolsa, con todo y homicidios de niños, no podemos dejar de preguntarnos: ¿cuándo se volvieron estas corporaciones, dirigidas por autoridades no electas por nadie, las dueñas de los destinos de pueblos y países enteros?

Esto va más allá de la corrupción lisa y llana; es el desenlace de lo que algunos han llamado, con razón, la captura del Estado. Capitales privados que tienen tanta influencia, que moldean las instituciones, incluyendo el Estado y el Derecho, a su entera conveniencia. Y aún así, aunque la mesa está puesta para que se sirvan impunemente, nunca es suficiente, así que siguen infringiendo la ley. No está mal que alguien se les oponga de vez en cuando.


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/CR

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