La espalda a la Constitución

A pesar de los cambios electorales iniciados en 2018, y la conformación democrática de nuevas mayorías que ha venido escalando a nivel federal y de las entidades federativas, tanto en los ejecutivos como en los legislativos, ningún gobierno, partido político, grupo o sector social que se asuma como democrático, podría regatear una verdad indiscutible: la Constitución de 1917 ha permitido una transición hacia un régimen de libertades, contrapesos, alternancia electoral, orden social y estabilidad política -desde luego inacabada-, sin la cual no podríamos explicar el momento histórico en el que nos encontramos.

Pero nuestra Constitución, como otras del mundo, es un ordenamiento jurídico y también una realidad política-social viviente que, para mantenerse vigente y ser una realidad, exige que gobierno y sociedad se ajusten a ella, pero no que pasen por encima de ella, colocando como pretexto “la mejor interpretación de la voluntad popular” que corre al margen de ese cause constitucional.

Nuestra actualidad está llevando a la Constitución a la orilla y posicionando en su lugar a la libre decisión política. Desde luego, nadie podría desconocer que la política es, precisamente, el principal objeto de la Constitución, por lo que no es extraño que una y otra se mezclen en un proceso interminable. Pero en todo caso, esa interrelación produce una política reglada, objetivizada y pactada, pero no arbitraria o impuesta, como la que de manera alarmante se ha ido instaurando paulatinamente de 2018 a la fecha y que, por la lectura del entorno, pretende ser extendida al siguiente gobierno que asuma en octubre de 2024.

Hoy, presenciamos declaraciones, actos de poder, emisión de decretos y reformas legales que han creado una realidad política y jurídica paralela al régimen constitucional, abriendo una delicada y peligrosísima puerta al decisionismo político que, en cualquier momento, se puede arrogar la facultad de facto de desconocer la Constitución y llamar a las fuerzas militares y sociales a imponer un nuevo régimen, legitimado en la mejor representación de la “voz auténtica” del pueblo. Lo que sostengo no es descabellado, y baste como botones de muestra la toma del Capitolio de los Estados Unidos de América por simpatizantes de Trump en enero de 2021, la destitución del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, quien pretendió disolver el Congreso General de ese país apenas en diciembre de 2022, o el ejemplo más reciente de Brasil, donde simpatizantes de Bolsonaro asaltaron las sedes del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo, llamando a establecer un nuevo orden político.

En estos casos y en el propio mexicano, debemos regresar al orden constitucional, ahí están nuestros derechos, así como las obligaciones y límites de los detentadores del poder. El éxito de las democracias modernas consiste en cumplir las reglas escritas de las constituciones, no en abrogarlas fácticamente.

Urge restablecer la contención institucional de quienes, aun siendo mayoría electoral, deben ejercer sus atribuciones con respeto pleno a los derechos, principios y límites constitucionales. Ejercer el poder político de manera ilimitada, normalmente, tiene un final indeseable para los derechos y libertades de una sociedad democrática.

No hay más proyecto que el de la Constitución y sus instituciones, ese es el compromiso que todos tenemos que refrendar diariamente, y quienes le dan la espalda, no pueden llamarse demócratas.