La falsa medicina

Veo con incredulidad algunos documentos de trabajo de la OCDE sobre desarrollo y crecimiento económico.

Mientras el FMI y el Banco Mundial ya han cambiado de rumbo y reconocen que las políticas neoliberales de adelgazamiento del Estado y de no intervención fracasaron, esta organización sigue presentando su doctrina como si fuera ciencia, y ni siquiera tiene la decencia de argumentar al conveniencia de sus tesis; las da por supuestas, como si lo racional fuera lo que ellos dicen y punto. Para “demostrar” que mejorar en uno de sus indicadores conlleva crecimiento, presentan una gráfica donde dicen que un marco regulatorio “justo” es necesario para la inversión. Eso es una obviedad, si no fuera porque, al desagregar sus variables, resulta que “justo” es directamente proporcional a la disminución de barreras de entrada comerciales y a la ausencia de “distorsiones en el mercado” provocadas por la intervención del Estado.

Es decir, si el mundo regresó a 1929, la OCDE está en 1988, y no sé qué es peor.

El sistema político mexicano ha cambiado a través de las décadas, y es improbable que vuelva a ser el mismo, sin importar los simulacros o representaciones que se hagan para recuperar alguno de los rasgos míticos de un pasado donde todo era (o parecía) más sencillo. El mundo cambió, pero el país también. Los mexicanos del siglo XXI no tienen mucho que ver con los de 1934 o 1970. Eso no quiere decir que no conservemos la esencia de nuestra peculiar cultura política; una que, diría Michele Gelfand, es más de “rule brakers” que de “rule makers”, empezando por la complicada relación que tenemos con la autoridad (la aborrecemos en abstracto y cuando está lejos, pero la cortejamos y adulamos en concreto, cuando la tenemos a un lado) pero sobre todo con la ley (siempre creemos ser el caso de excepción, y vemos en la desaplicación casuística de la ley un acto de justicia). Para agregar algo de complejidad al estofado, en México las personas suelen ser más justicieras que legalistas, más sustantivas que procedimentales, y más pragmáticas que quisquillosas. Lo importante es el resultado, que tiene que ser aceptable para las partes en conflicto, esté de acuerdo o no con los procedimientos, las normas, el plan, en una palabra, con “lo que debería de ser”. La gente está acostumbrada a que sus relaciones familiares y sociales obvien los procesos de admisión a todos lados (escuelas, trabajos), a dar una gratificación a las personas por hacer su trabajo (propina, no soborno, nunca soborno), a recordar que ciertos días a la semana la calle pertenece a los ambulantes, en fin, a ver el subtexto real detrás del texto legal.

Por eso ha sido tan difícil importar modelos constitucionales y electorales con éxito, y por eso el mismo artículo ha implicado cosas opuestas cuando está escrito en la Constitución de EU y, a la letra, cuando está escrito idéntico en la Constitución mexicana. En nuestro país, un calificativo afortunado puede convertir una ilegalidad en justicia, una transgresión constitucional en una medida de emergencia; pro virtud de la necesidad y de un gis medio borroso, un autobús en sentido contrario se convierte en un usuario de carril de contrasentido.

Esta forma de ser, dice también Gelfand, no es ni una deformación ni un atraso cultural, simplemente es una forma de ser que tiene una lógica propia y como tantos otros rasgos que estudia la antropología, obedecen a una racionalidad plenamente justificable para la comunidad que la practica. Las reformas políticas y económicas que una vez se impusieron en México como consecuencia de los errores de una clase política incompetente, y de una marejada hegemónica del neoliberalismo en el mundo, no pueden volver a plantearse como solución a nada, ni como requisito para nada. Y es un poco indignante ver que aún tiene defensores.