La ilegalidad también contamina nuestra Ciudad

Columnas martes 18 de agosto de 2026 -

El espacio público es uno de los bienes más importantes que tenemos quienes vivimos en la Ciudad de México. Las calles, banquetas y avenidas no sólo son lugares de tránsito; son espacios de convivencia, movilidad, desarrollo económico y vida comunitaria. Por ello, las autoridades

tienen la obligación de garantizar que sean seguros, accesibles, ordenados y que su uso respete tanto los derechos de las personas como el cuidado del medio ambiente.

En los últimos años que visto falta de orden y regulación. Uno de ellos es la proliferación de autolavados instalados de manera irregular en plena vía pública, una actividad que, si bien puede representar una fuente de ingreso para algunas personas ante la falta de mejores oportunidades laborales, no puede seguir desarrollándose al margen de la ley y afectando los derechos de terceros.

Hoy la Ciudad enfrenta una realidad que no podemos ignorar: calles convertidas en negocios particulares, banquetas ocupadas con contenedores de agua, conexiones improvisadas al suministro eléctrico, invasión del arroyo vehicular y una actividad económica que opera sin las mismas obligaciones que cumplen miles de establecimientos formales.

El problema es el uso indebido del espacio público. Detrás de estos autolavados irregulares existen consecuencias ambientales, urbanas y económicas. El uso intensivo de agua sin mecanismos de supervisión, la utilización de jabones, aceites y otros productos químicos que terminan en el drenaje, así como el deterioro de la carpeta asfáltica por la humedad constante y los residuos, generan afectaciones. Además, se genera una competencia desigual frente a quienes decidieron invertir, abrir un negocio formal, cumplir con permisos, pagar contribuciones, implementar medidas de seguridad, utilizar agua tratada y contar con infraestructura adecuada para evitar daños ambientales.

No se trata de perseguir a quienes buscan una forma honesta de obtener ingresos; se trata de entender que una ciudad no puede construirse bajo la lógica de que la necesidad justifica la ausencia de reglas. La informalidad tiene costos: deteriora los servicios públicos, afecta la movilidad, y abre espacios para posibles actos de corrupción por la autoridades.

Actualmente existe una contradicción que debemos resolver. Diversas normas ya reconocen la importancia de proteger el espacio público, cuidar los recursos hídricos y evitar actividades comerciales irregulares en calles y banquetas; sin embargo, las autoridades no cuentan con herramientas claras dentro de la Ley de Cultura Cívica para actuar específicamente contra la instalación y operación de infraestructura destinada al lavado de vehículos en vía pública.La falta de una disposición expresa genera vacíos. Cuando la ley no es clara, la irregularidad encuentra dónde crecer.

En días pasados presenté una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para reformar la Ley de Cultura Cívica y establecer como infracción contra el entorno urbano colocar y operar en el espacio público infraestructura destinada a prestar servicios de lavado de autos.

Esto permitiría aplicar sanciones que contempla la legislación para este tipo de faltas: multa equivalente de 21 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización, arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

La Ciudad de México necesita recuperar el principio básico de que el espacio público pertenece a

todos. Ordenar no significa afectar el trabajo; significa construir reglas parejas, proteger nuestros recursos, defender a quienes cumplen la ley y garantizar colonias más limpias, seguras y habitables.