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La impunidad no empalaga

La impunidad no empalaga

Columnas viernes 28 de agosto de 2020 - 01:00


Lo único que puede explicar que un grupo de militares, después de una persecución en la que abundan los balazos, acribillen a víctimas de un secuestro que venían (maniatados) en la parte trasera de un vehículo del que (presuntamente) habían recibido agresiones con armas de alto poder y que (presuntamente) era conducido por miembros de la delincuencia organizada, sin preguntar, sin investigar, sin averiguar nada más, apagando las cámaras que se supone deben tener prendidas en sus cascos justamente para evitar abusos, es que, en la lógica de exterminio y falta de cualquier consideración a los principios básicos del debido proceso, las fuerzas armadas están acostumbradas a hacer eso, sin que haya consecuencias, ni responsabilidades para ellos.
Lo único que puede explicar la existencia de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que sólo actúa cuando los escándalos mediáticos se le suben a las barbas, ya sea porque no reacciona ante casos en los que muy probablemente se cometen ejecuciones extrajudiciales o porque contrata, sin ningún tipo de evaluación previa o filtros de idoneidad a violentadores de mujeres, es que esa institución está ya acostumbrada a no rendir cuentas de las decisiones que toma, sin que esto le genera mayor responsabilidad a quienes la integran y la integraron.
Lo único que puede explicar que, a dos meses de la llegada de Emilio Lozoya al país, luego de filtrarse su denuncia ante la Fiscalía General de la República y un video en el que pueden verse a dos exfuncionarios legislativos recibiendo carretadas de efectivo, nadie, ni Lozoya, ni alguno de los dos personajes que aparecen en el video, ni quién los filmó, ni quién filtró el video, esté ya enfrentando un proceso penal, es que, en la lógica de los grandes corruptores del país, tan lejanos del implacable llamado a cuentas que toda democracia exige, se acostumbra a hacer lo que todos vimos en los videos y lo que leímos en la denuncia, sin que haya consecuencias que puedan impedir o al menos prevenir la comisión de esas conductas.
Lo único que puede explicar que, después de una semana en la que se hicieron públicos los videos en los que el hermano del presidente de la República recibe dinero de un personaje tenebroso que, ahora sabemos, es un reconocido operador electoral que después de estar a cargo, ni más ni menos, del presupuesto destinado a las labores de protección civil a nivel nacional, estuvo a punto de hacerse cargo, nada más y nada menos, del gigantesco presupuesto público dirigido a comprar y vender las medicinas del país, nadie haya rendido cuentas públicas y exhaustivas de ese episodio y de la historia que le dio origen, es que, en la lógica de quienes participan en el video y, lo que es más importante, en la lógica de quien disponía de esos recursos con tanta liberalidad (sin dar vista al SAT, por ejemplo), es común hacer ese tipo de cosas sin que haya consecuencia alguna que pueda evitar que actos semejantes se realicen en el futuro.
Lo único que puede explicar que, mientras que aquellos que buscan hacer valer su derecho a defender sus derechos, cuentan sólo con cinco días hábiles para armar su defensa jurídica, sin un solo segundo adicional, el tribunal que tiene la potestad de decidir al respecto, puede tomarse casi un año para resolver si le da o no la razón sin que le corra prisa, es la práctica de un sistema legal que castiga a quien busca justicia desgastándolo, poniéndolo muy por debajo de la autoridad judicial que se supone brinda un servicio a partir de las generosas partidas que se le destinan en el presupuesto público.
La única explicación que encuentro a estos y otros casos es que nuestro país, la impunidad no empalaga.


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/CR

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