La impunidad y la degradación de la ética pública.

A finales del primer lustro de este siglo, dos alemanes, uno filósofo y ateo, y el otro, todavía en ese entonces prefecto de la doctrina de la Fe, se embarcaron en una discusión teórica en torno a los fundamentos morales del Estado Democrático de Derecho, que después sería recogida en la multi publicada y multi traducida obra “Dialéctica de la Secularización, sobre la Razón y la Religión.” El primero de ellos, Jürgen Habermas; y el segundo Joseph Ratzinger.

Desde sus cosmovisiones distantes, pero con la dialéctica como herramienta, llegaron a conclusiones tan interesantes como útiles. Afirman la existencia de una comunidad de valores previa al Estado, inherente a una cosmovisión cuya naturaleza religiosa o laica resulta tan irrelevante como importante lo es su presencia en el derecho positivo como un escudo del ciudadano frente al poder.

Toda esta discusión sobre la moral laica y la ética pública que nos une como comunidad y le da fundamento a las normas jurídicas que nos rigen, tiene hoy especial importancia en nuestra realidad ya que son pocos los fenómenos que tienen la fuerza de erosionar esa visión compartida de la realidad al interior de un país como la ha tenido el del aumento de los delitos de todo tipo y la falta de justicia. En comunidad se empieza a dudar y poner a discusión valores arraigados que dan sustento a nuestro sistema legal como la presunción de inocencia, la renuncia a la justicia por propia mano o el rol de las Fuerzas Armadas en el entramado de la seguridad y por ende de la justicia.

Si como aseguraban los clásicos, la justicia es dar a cada quien lo suyo, la impunidad es el antónimo de la Justicia.

Es precisamente la impunidad el motor de la inseguridad y la violencia que nos ha llevado a discusiones destructivas con narrativas maniqueas, en las que pareciera que solo existe una salida que es inevitable, en este caso, la militarización.

De ello resulta sorprendente la escasa difusión que ha tenido la propuesta que hizo Movimiento Ciudadano a través del senador Clemente Castañeda y el diputado Jorge Álvarez Máynez, para, otra vez, ser una tercera vía en la solución de los grandes retos nacionales.

La propuesta de MC es en buena medida una ingeniería inversa a la impunidad: pocas denuncias, pocas y malas investigaciones, mala judicialización e impartición de justicia lenta, cara y mala que aseguran que la probabilidad de cometer un delito en México y no ser castigado sea altísima, con todo lo que ello implica para las víctimas y sus familias y para los potenciales delincuentes.

¿Es utópico pensar que en un ambiente polarizado que alimenta discusiones binarias, se discuta con amplitud una propuesta para hacer que, como los maestros, los policías de todo el país ganen lo mismo, sus mandos reciban instrucción especializada, los delitos sean investigados por la policía y no por el Ministerio Público cambiando el rol de éste al de abogados de la investigación, que el sistema de justicia se vuelva verdaderamente acusatorio, se reorganice el aparato federal con un servicio que investigue delitos federales y que la fiscalía se convierta en una Secretaría de Justicia con fiscales autónomos? Ojalá que no lo sea.

Cualquier interesado no tiene más que teclear en un buscador “México tiene opción frente a la militarización” y sumarse al debate.