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La justicia digital en la CDMX

La justicia digital en la CDMX

Columnas viernes 25 de septiembre de 2020 -

Esta semana, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 35, Apartado A, de la Constitución local, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de Morena y la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35, apartado A, del mismo ordenamiento, presentada por el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La propuesta de reforma está muy interesante, pues plantea que para garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia Laboral y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, contarán con un Sistema de Justicia Electrónica, acorde con el principio de equivalencia funcional y mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a efecto de proporcionar las herramientas para tramitar los juicios y sus instancias, regulados en los Códigos procesales en forma electrónica y en línea, y de manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y formalidades esenciales.
De igual manera, en un transitorio se establece que los organismos antes referidos deberán implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Digital, de manera paulatina y de acuerdo a su propia suficiencia presupuestal, atendiendo a las siguientes características: implementación del expediente electrónico; empleo de firma electrónica; uso de sellos y documentos electrónicos; instauración de una Oficialía de Partes Virtual; y admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias, notificaciones y demás diligencias judiciales mediante el uso del correo electrónico, mensaje de datos, videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo permita.
Asimismo, prevé que los sistemas y herramientas electrónicas que a la entrada en vigor de la reforma se hayan implementado, serán válidos y, en su caso, se ajustarán al decreto.
Con relación a la reglamentación, el propio Congreso se otorgó un plazo de ciento ochenta días naturales para reformar la legislación secundaria que haga posible la implementación y materialización de la reforma Constitucional, una vez aprobada.
La exposición de motivos es muy atractiva, pues contiene datos duros y argumentos contundentes que justifican muy bien la necesidad de la reforma, pero sobre todo dan cuenta de los avances que, con motivo de la pandemia, ha tenido la justicia digital en la ciudad.
Enhorabuena por el Dictamen y felicidades a los diputados Nazario Norberto Sánchez y Diego Orlando Garrido López, quienes haciendo a un lado las naturales diferencias ideológicas, impulsaron una propuesta muy bien lograda que agilizará la justicia en nuestra ciudad.
Ahora, falta que suba al Pleno del Congreso y sea aprobado, lo cual sucederá cuando se reinicien las sesiones presenciales; ojalá sea pronto y no lo pongan a dormir en el sueño de los justos.
Plancha de quite: “El gran motor del cambio, es la tecnología”. Alvin Toffler.


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/CR

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