La narrativa de la opacidad

La agenda pública es dominada, por mucho, por las aseveraciones que cada día realiza el presidente de la República, en particular durante la llamada “mañanera” que ha servido para fijar los temas que se discuten tanto en medios periodísticos como en redes sociales. Las declaraciones de algunos de los funcionarios gubernamentales también acaparan los espacios del debate público, sobre todo cuando chocan de frente contra la realidad palpable y demostrable que viven los ciudadanos.

La única narrativa que nos debe importar sobre los temas que interesan a la población en su relación con la actuación de los poderes públicos es aquella que se fundamenta en la información que deben generar y hacer pública los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, los partidos, los fondos y fideicomisos públicos, cualquier persona física y moral que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Estas entidades que suman más de 8 mil en todo el país a nivel federal, estatal y municipal son consideradas como sujetos obligados al cumplimiento de las leyes de transparencia, y por lo tanto deben publicar y actualizar en sus respectivos portales de internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia la información que generan en el ejercicio de sus facultades, competencias y atribuciones.

Además, tienen plazos para responder solicitudes de acceso a la información (nunca más de 20 días o hasta 40 si aplican prórroga a nivel federal; en algunas entidades los plazos son menores).

Al tratarse de temas de gran relevancia social, los sujetos obligados tienen el deber legal de poner en práctica la transparencia proactiva que consiste en publicar la información de interés público sin esperar a que se la pidan por solicitudes; por lo general se elaboran micrositios en las páginas de internet oficiales.

La obligación de todas las autoridades del país de documentar el ejercicio de sus funciones y hacerlo público es la base de la rendición de cuentas a las que tienen que someterse, pero al mismo tiempo son los únicos datos que tienen validez jurídica y política para defender la forma como se gobierna y de las decisiones que se toman.

La información que se genera cada día en toda la administración pública es la base para que los ciudadanos conozcan a su gobierno, evalúen a sus servidores, valoren las políticas y decisiones que se tomen. De ahí la importancia de eliminar la narrativa de “los otros datos”, pues los datos que genera y tienen las instituciones son públicos por definición y pertenecen a los ciudadanos, no a un gobierno ni a un servidor en particular.

Tampoco tiene cabida una narrativa de “quién es quién” en las noticias verdaderas o falsas, pues la información que genera la autoridad debe tener fundamento en las normas que rigen el servicio público, y esa es precisamente su fuerza ante cualquier falsedad, malinterpretación, manipulación o sesgo.

Mucho menos es admisible una narrativa del “golpismo” cuando lo que debe hacer la autoridad es demostrar con documentos que cumple con sus obligaciones de proveer a los ciudadanos de los servicios y bienes que las leyes mandatan.

Sin embargo, lo que prevalece es la narrativa de la opacidad que se traduce en no publicar ni actualizar a tiempo la información en los portales de transparencia, o declarar inexistente la información solicitada por los ciudadanos pese a que deberían tenerla por corresponder a sus facultades; o bien, clasificar como reservados o confidenciales los documentos que se le piden.

(*) Especialista en transparencia y protección de datos.

@torresalex