Si bien es cierto que brindar seguridad a la sociedad y preservar la integridad física y el patrimonio de la población es función primigenia de todo Estado, también el ciudadano debe ser corresponsable de mantener estándares de protección, sobre todo en estos momentos de crisis por la inseguridad. Aunque la utilización de la seguridad privada no se da solo por un incremento de la incidencia delictiva, es necesario reconocer la incapacidad gubernamental para otorgar una protección especializada a ciertos sectores o activades económicas y brindar aceptables márgenes de seguridad personal a grupos vulnerables por su impacto social.
Así surge la urgencia de blindar los bancos, dar protección a empresas y ejecutivos, además de otorgar otros servicios especializados de seguridad como es el aseguramiento de sistemas informáticos ante posibles ataques cibernéticos.
Ante la incapacidad estatal de cubrir esa asistencia especializada que coadyuva al mantenimiento de la seguridad pública y la paz social surgen las empresas privadas del ramo, industria que requiere de la atención del propio gobierno para contar con un moderno marco regulatorio que garantice la profesionalización de ese sector y se convierta en promotor de la propia economía a través de la creación de empleos y la inversión en áreas como el transporte, las telecomunicaciones y la cibernética. Así lo demanda la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), encabezada por Gabriel Bernal Gómez, preocupada por la indiferencia gubernamental a un tema prioritario, los excesivos trámites y permisos que impiden regularizar los negocios de seguridad privada y la apatía legislativa para aprobar una legislación que la ordene.
En la industria participan más de tres mil empresas, pero solo 250 pertenecen a la AMESP, las que están certificadas con personal capacitado para otorgar servicios de blindaje, vigilancia canina, seguridad electrónica, perimetral e intramuros, protección ejecutiva, GPS, traslado de valores, sistemas de riesgos, ciberseguridad, seguridad informática, seguridad aeroportuaria -cubren el 92 por ciento en las terminales aéreas-, inteligencia corporativa y custodia de bienes y servicios. La falta de capacitación, la burocracia y la retardada aprobación de un moderno marco legal provocan eventos como los recurrentes asaltos a joyerías en plazas comerciales, las agresiones y asaltos a comensales en restaurantes, los robos de nóminas yo de cuantiosos retiros de usuarios afuera de los bancos, además de la vulnerabilidad de negocios e instituciones ante ciberataques.
La AMESP hace hincapié en la necesidad imperante de contar con una Ley General de Seguridad Privada que rija de manera uniforme en todo el país, la cual debe contemplar la simplificación de permisos, los cuales -entre federales, estatales, municipales y de puertos-, son 80. Sugieren contar con un solo permiso federal con mayores atribuciones y simplificar la prestación de servicios en todo el país; la nueva ley debe hacer obligatoria la capacitación y certificación de todo el personal, uso de tecnología y protocolos de prevención y respuesta ante emergencias. Sin embargo, el proyecto de Ley está en pausa en el Congreso de la Unión, donde los legisladores están más preocupados por la grilla sucesoria y amarrar otro cargo de elección popular.
Aunque la seguridad privada es en sí misma una industria estratégica que contribuye no solo a preservar el patrimonio de los usuarios, sino al desarrollo económico del país, hay un enorme desdén de las autoridades hacia esas empresas, a pesar de que el Estado está rebasado en materia de seguridad.
Apostilla: A propósito de crisis de inseguridad, terrorífico el hallazgo de más de cuerpos en congeladores en Tuxpan y el cobarde asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Tragedias que exhiben la crueldad del crimen organizado y la ineficacia de las autoridades que niegan una atroz realidad. A eso agregue los actos de barbarie de retrógradas que golpearon a un adolescente en San Luis Potosí y asesinaron a una indefensa mujer en León. Eventos captados por cámaras particulares.