La paz también se marcha: entre el derecho a protestar y la responsabilidad colectiva

Columnas martes 15 de julio de 2025 -

En la Ciudad de México, las marchas se han convertido en una constante. A lo largo del año, diversos sectores —sindicatos, colectivos feministas, organizaciones campesinas, estudiantes, familiares de víctimas— toman las calles para exigir justicia, visibilizar sus causas o manifestar su descontento. Esta práctica no sólo es legítima, sino fundamental en una sociedad democrática. Pero también plantea una pregunta compleja: ¿cómo ejercer ese derecho sin afectar los derechos de otras personas?

Manifestarse es un derecho constitucional. En una ciudad como la nuestra, que históricamente ha sido el centro político del país, resulta lógico que aquí confluyen tantas expresiones sociales. Sin embargo, hay marchas que terminan empañadas por la violencia, la confrontación o el desorden. No se trata de deslegitimar la protesta, sino de señalar que su fuerza se debilita cuando se convierte en caos o agresión.

Los manifestantes tienen una responsabilidad: cuidar el sentido de sus demandas y respetar a quienes no participan. La protesta no debe justificarse en actos de vandalismo, saqueo o agresión a trabajadores de la ciudad. Las consignas pierden fuerza cuando los vidrios rotos o los bloqueos indiscriminados son los que dominan los titulares. Es crucial que quienes organizan y participan en marchas tengan una estrategia clara, una ruta definida y la voluntad de dialogar antes, durante y después.

Pero esta responsabilidad no es unilateral. Las autoridades también tienen deberes. El gobierno no puede limitarse a desplegar cuerpos policiales sin un protocolo claro ni sin establecer canales de diálogo previos. La represión, el encapsulamiento injustificado o la falta de atención a las causas de fondo solo agravan la tensión. La seguridad de quienes marchan y de quienes transitan por la ciudad debe ser una prioridad compartida.

Es necesario replantear el modelo de atención a las movilizaciones. No basta con avisar del cierre de calles o enviar granaderos. Se requieren espacios reales de escucha, mecanismos de mediación, protocolos con enfoque de derechos humanos y, sobre todo, una voluntad política para resolver lo que origina la protesta.

También los ciudadanos tenemos un papel: entender que la ciudad es un espacio compartido. La empatía es clave. Protestar no es sinónimo de molestar, pero tampoco de indiferencia social. Las causas que hoy llenan las calles quizás no nos afecten directamente, pero sí construyen el país que queremos.

La paz en la Ciudad de México no llegará callando las voces, sino logrando que se escuchen sin atropellar a otras. Para ello se requiere algo más que tolerancia: se necesita respeto, organización, diálogo y una visión de ciudad en la que todos, incluso en la discrepancia, podamos convivir.

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