La polémica de los migrantes

Columnas lunes 20 de enero de 2020 -

En estos días de nueva cuenta el tema del acceso de extranjeros por la frontera sur a México se ha convertido en materia de polémica. Debe quedar claro que el articulo 11 constitucional prescribe la libertad de tránsito, pero atribuye a la autoridad administrativa las modalidades y restricción por cuanto a la inmigración. Esta disposición prevista en la Constitución Política se encuentra desarrollada por la Ley de Migración que no se ha reformado a efecto de aumentar las restricciones al ingreso de los extranjeros. En este sexenio ha habido dos reformas a la ley de referencia, una para ampliar los derechos de los migrantes y otra para sancionar la corrupción de los servidores públicos relacionados con el tema migratorio. No se ha tocado una sola coma en relación a las facultades del Estado mexicano para cuidar sus fronteras conforme a la Constitución y a la ley. En otras palabras, la política migratoria del Gobierno federal no es otra que la establecida en la ley de la materia desde años atrás. Cabe agregar que no hay tratado, convención o disposición internacional que prevea la eliminación de la soberanía nacional y, por esa razón, que cualquier persona puede transitar libremente por el mundo por las razones que sean, incluso las más comprensibles y atendibles.

De esta suerte, en la lógica del absurdo, se acusa al Gobierno del Presidente López Obrador de cumplir y hacer cumplir ¡la ley! Puede haber múltiples razones metajurídicas de por qué el sucede el fenómeno migratorio, el tema es que esas razones no están ancladas en la Constitución y en la ley. Las críticas son mediáticas apelando a valores que no están fundados y motivados conforme a derecho. De no ser el caso, ya se hubiera controvertido o judicializado el pretendido derecho del migrante a entrar y salir del territorio nacional sin límite alguno. Que la Guardia Nacional se encuentra coadyuvando con el INM a proteger las fronteras en el sur del país puede ser discutible, pero esa decisión es compatible con el sistema jurídico mexicano y de cualquier otro país. Si, por el contrario, los mexicanos quieren que México sea un país santuario y cada quien pueda tener esa libertad absoluta reclamada debe procederse a reformar la Constitución y la ley en el primer caso en la historia mundial donde un país renuncia a su soberanía. ¿Se puede hacer? Sin duda, si se observa el sistema de generación de reformas y creación de normas generales previsto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Veo, empero, que, si se hacen encuestas, el apoyo a semejante decisión de Estado no tendría el acompañamiento de la comunidad nacional. Mientras no se reformen o deroguen el artículo 11 constitucional y la Ley de Migración vigente no hay caso judicial que pueda tener una mínima posibilidad de ganarse en tribunales. Sobra decir que tampoco existe disposición alguna que obligue al Estado mexicano a resolver asuntos que le corresponden a otros Estados soberanos atender, de tal modo que una acción legal de esa naturaleza tendría resultados negativos para sus promotores ante la autoridad jurisdiccional competente. No hacer lo que se está haciendo ahora, por más argumentos en contra que pudiera haber de carácter sociológico o moral, sería ir en contra del Estado de derecho que debe ser la guía de conducta de gobernantes y gobernados.