Columnas
Cada vez que los integrantes de la oposición de derecha levantan una denuncia penal contra los contrincantes, es un ladrillo más que suman a la construcción de la judicialización de la política. Ante el desconocimiento de cualquier teoría política o historia de la política o del país, los conservadores, prefieren colocar las decisiones de los políticos en un tribunal, donde tienen al árbitro comprado.
Para los conservadores la política no sirve y nunca ha servido, el Estado, así como lo afirma Javier Milei, debe ser un simple intermediario para cuestiones meramente administrativas. Para ellos, lo que importa es dar carta abierta a los empresarios en nombre de ese neoesclavismo que surge de la derecha y colocar a la política en el cesto de la basura.
Es por ello que tienen toda una adicción al terreno judicial para detener las medidas políticas, y, al mismo tiempo, carcomer con corrupción el sistema de la justicia y colocarlo de su lado, de tal suerte que la mudanza se paulatina pero contante, discreta pero contundente. En México la derecha tiene comprado al Poder Judicial desde hace muchos años, ahora simplemente se exhibe la complicidad, pero son viejos socios y tienen bien cimentado el puente para trasladar todo lo que sea político al terreno de la Litis judicial.
La persecución política se convierte en persecución judicial, los errores políticos se vuelven delitos y los desatinos que merecen una amonestación son pretexto para descalificar toda una estructura de gobierno, tal y como lo hace ahora la oposición contra el actual gobierno. En la cancha de la política nada, en los tribunales, todo.
La idea es trasladar todo el mobiliario de la política a la añeja y rancia residencia de los jueces, que muestran su nostalgia por el pasado todavía con pelucas y trajes medievales para declarar culpables o inocentes a los ciudadanos.
En México la política estuvo en manos de abogados por muchos años, la Facultad de Derecho de la UNAM fue hasta 1982, el semillero de los presidentes. Hasta el secretario de Salud o educación, eran abogados. Pero no llevaron la política al terreno de las leyes, podría decirse que se esforzaron por hacer política, a su estilo, con consecuencias sabidas mostradas en la historia.
La judicialización secuestra el sistema de partidos y asesina a la democracia, debido a que la “aplicación” de la ley es el mejor vehículo para usar la violencia con el objetivo de desestabilizar la política y la democracia, como parte de una guerra sorda que termina en el derrocamiento de la voluntad popular.
La guerra contra la democracia tiene como arma el espacio jurídico desde el cual puede violentar y destituir presidentes. De ahí que la derecha opositora tenga en las denuncias su mejor arma contra el actual gobierno.