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La proscripción de los vapeadores.

La proscripción de los vapeadores.

Columnas jueves 02 de junio de 2022 -

El martes pasado, el presidente de la República emitió el decreto por virtud del cual queda prohibida en México la circulación y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares.

En el decreto se aluden como causas para la prohibición de los vapeadores: i. Hacer efectivo el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, poniendo especial énfasis en la tutela de niñas, niños y adolescentes; ii. En términos de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, las y los menores son las principales víctimas de las tácticas publicitarias de estos productos, promocionados como atractivos, inofensivos, modernos, de alta tecnología y lujo; y, iii. Que su utilización genera inflamación de las vías respiratorias, provocando infiltrados difusos y nodulares de glóbulos blancos que producen opacidades pulmonares visibles en tomografías, a consecuencia de neumonía lipoide, baja oxigenación de la sangre e incluso falla respiratoria, aunado a que impactan directamente en la función inmunológica, en tanto interrumpen la proliferación de los glóbulos blancos conocidos como linfocitos T, que afecta la protección contra el desarrollo de cáncer, de acuerdo con lo observado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –COFEPRIS-.

A propósito de la vacunación ordenada vía judicial -sin pruebas científicas- al grupo etario de 5 a 11 años contra el SARS COV-2, en estas páginas establecí que como responsable del sistema nacional de salud en términos de la Ley General de Salud, compete al Ejecutivo Federal diseñar este tipo de políticas públicas para materializar este derecho, por lo que en su proceso de formulación, implementación y seguimiento, aquél cuenta con una amplia capacidad de maniobra y libertad para elegir las acciones o medidas concretas correspondientes, con la condición de que ello sea compatible con los parámetros constitucionales y convencionales aplicables, por lo que su eventual revisión judicial debe hacerse bajo un criterio de deferencia amplio.

Esta política pública será sometida a revisión judicial muy pronto, por lo que serán los tribunales de amparo, particularmente la SCJN, quienes determinen su constitucionalidad. Ante este escenario, es importante destacar 2 cuestiones. Primero, que dada la motivación contenida en el decreto, me inclino por pensar que no basta con que en los amparos se alegue que se coarta el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Pues porque estamos ante la prohibición de un producto considerado de alto impacto en la salud. Nadie en su sano juicio piensa que la Corte debe autorizar el consumo de la heroína o el crack, a fin de respetar el derecho de una persona a consumirlos libremente, en el caso, aunque se trata de un producto distinto, se le asigna un impacto muy elevado en la salud. Segundo, para superar las razones que ofrece el decreto y, eventualmente, demostrar su desproporcionalidad, me parece necesario sostener su inconstitucionalidad con pruebas que puedan demostrar que el daño no es de tan alto impacto como lo ha determinado el Ejecutivo Federal, de otro modo, la política pública debería tener prevalencia.


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/CR

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