El presidente AMLO tiene su gran titular para la sección “Cero impunidad” el próximo jueves en la Mañanera; el arresto, muchos años después, del gran “narco de narcos” que en 1985 cambiaria para siempre la relación de las agencias de seguridad y justicia entre Estados Unidos y México, al asesinar a un agente de la DEA. Un personaje sobre el que se escribieron libros, decenas de reportajes, investigaciones y se grabaron series dignas de un maratón en Netflix. Sin embargo, la lamentable muerte de 14 marinos que apoyaban el operativo en contra de este fugitivo, y la cuestionable historia del “perro maravilla” de la marina que había olfateado a Quintero entre unos arbustos, funden los focos de esta “gran victoria” atribuida a la cuarta transformación.
A pesar de que el máximo mandatario del país ha dejado claro que “no es prioridad de la administración” la captura de líderes criminales, anunció que el pasado 15 de julio fue re capturado en un pequeño poblado de la Sierra Madre Occidental, Rafael Caro Quintero, líder del extinto Cártel de Guadalajara, hombre de 70 años que que figuraba entre los 10 más buscados del FBI y que habría “burlado” al gobierno mexicano durante 9 años.
Pero, ¿cómo impacta la captura del llamado “Príncipe” del narcotráfico, a este negocio y sus consecuencias que hoy llenan de muertes a México?... ¿Impacta siquiera?
El “narco retirado” era todo eso que se llegó a relatar en distintos medios hace cuatro décadas. Entre cine de ficheras, canciones de José José y el pánico satánico, Caro Quintero fundaba el “todopoderoso” Cártel de Guadalajara, de los principales proveedores de marihuana, heroína y cocaína al país vecino de Estados Unidos en los 70’s y 80’s. Se dice que contaban con la protección y hasta complicidad de grandes figuras de todos los niveles del gobierno mexicano. Y aunque siempre negó ser el autor intelectual de los asesinatos de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, ambos miembros de la DEA, se sabe que les guardaba gran rencor, pues culpaba al primero por una redada en una enorme plantación de marihuana en el 84.
Quintero fue arrestado por primera vez en Costa Rica un año después, cumpliendo una condena de casi 28 años (que debían ser 40), periodo en el que La DEA reclamó su extradición, que fue denegada por ¿temor? a que se convirtiera en un escándalo político que afectara en ambas partes involucradas de la frontera.
Al ser liberado en 2013, y contrario a sus declaraciones en entrevistas con la periodista Anabel Hernández, donde manifestó tajantemente “no ejercer más como narco”, autoridades estadounidenses aseguran que el capo continuó con su carrera delictiva, fundando en 2017 el Cártel de Caborca, presuntamente heredado a sus sobrinos, que se dedica a exportar fentanilo, un opioide sintético catalogado como una de las drogas más peligrosas del mercado, causante de cientos de muertes en el país hoy liderado por Joe Robinette Biden.
Y hablando de Biden, dudosa es la “casualidad” que conecta al operativo de captura de Caro Quintero, con la visita de AMLO a Washington hace unos días. La dicotomía entre lo declarado por la FGR y la Semar hace entrever que el gobierno de México podría haber actuado por petición de Washington, y no propiciado por el daño que su organización ha causado en nuestro país.
Tiene sentido, un acuerdo en el que ambos gobiernos resultarían “beneficiados”. AMLO estrecharía lazos con Estados Unidos, y Biden crecería sus número de aprobación ciudadana que, francamente, han venido en declive.
En fin, aquél Quintero que ofrecía pagar la deuda externa en los 80’s, hoy es un sobrevalorado personaje del narcotrafico mexicano que deberá pagar por el secuestro, la tortura y el asesinato del agente especial de la DEA… Pero, ¿en dónde?
A estas alturas, no está a discusión que la detención de Caro no tiene ningún efecto en el mercado de las drogas en este país, pues no existe más el poderío del que alguna vez gozó. Entonces, aquí hay de dos sopas; la tibia que lo dejaría en México terminando una condena de 12 años de prisión o extraditarlo a Estados Unidos… He ahí el problema (uno de tantos, al menos).
La reputación de México en temas de extradición deja mucho que desear, a su historial le pesan, de manera no grata, casos como el de Florence Cassez o El Chapo Guzmán, donde los puntos suspensivos de personajes que han sangrado al país son cambiados por un punto final por las razones y las organizaciones equivocadas, dejando un sentido de injusticia donde las autoridades venden una “gran victoria”
Lo que pudiera parecer un “capricho” o “berrinche” de Estados Unidos, al invertir tantos recursos para perseguir a un personaje y que cumpla con la cuarta parte de la condena que le fue retirada en su momento “gracias” a las habilidades de sus abogados, en realidad habla de una declaración de poder: “nadie fuera de nuestro país está por encima de nuestra justicia, no importa cuántos años pasen”... Impedir que quedara impune, ni parcialmente.
Mientras tanto, en México la cosa ha sido muy distinta; según la plataforma de datos y análisis sobre seguridad, crimen organizado y conflictividad social “Lantia Intelligence”, tan sólo del 2018 al 2022, el narcotráfico le ha arrebatado la vida a cerca de 2 mil soldados y policías. Pareciera que frenar esta forma de violencia en el país “no es prioridad de la administración”.