La tragedia de la trata



La trata de personas es una herida abierta en el tejido social mexicano. Su erradicación no solo es una obligación moral, sino una condición indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Las titulares del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lo saben y ya atienden esta grave situación.

Ambas personalidades tienen claro que en México persiste esta práctica como una de las más deshumanizantes que enfrenta el país, que desde la década de los años noventa se desbordó a través de complicidades que, incluso, llegaron ante personajes de la talla de Genaro García Luna, ex encargado de la seguridad pública nacional, hoy preso en los Estados Unidos, por la comisión de delitos relacionados al trasiego de drogas y actos de corrupción. Este deleznable delito afecta no sólo a las víctimas directas, sino que también refleja la inoperancia de un sistema que, lejos de combatir la explotación, parece permitirla. Entre las principales víctimas se encuentran mujeres, niños y personas en situación de vulnerabilidad, sometidos a explotación sexual, trabajo forzado y delincuencia organizada. Las cifras son alarmantes. Un documento “estrictamente confidencial” dirigido al titular de la Presidencia de la República --en poder de este reportero--, detalla que las personas “tratantes” reclutan lo mismo a mujeres, niños y hombres, tanto nacionales como extranjeros, “para explotarlos sexualmente y forzarlos a trabajar en condiciones inhumanas”. “Los menores no acompañados, las personas indígenas, la comunidad LGBTQI+ y los migrantes son los grupos más vulnerables a caer en manos de estas redes criminales. Estas personas enfrentan riesgos que incluyen la marginación, la violencia y la pobreza extrema, factores que los hacen presa fácil de los tratantes”, dice el reporte de inteligencia militar filtrado en meses anteriores por el colectivo “Guacamaya”. Detalla que en Tlaxcala, la trata sexual infantil alcanza niveles preocupantes, siendo los familiares los primeros involucrados en la explotación de menores. Según el reporte firmado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “los padres o familiares cercanos actúan como intermediarios para las redes criminales, perpetuando el ciclo de abuso y explotación”. Por si fuera poco se detalla que jornaleros agrícolas y sus hijos son otro de los sectores más afectados. “Familias enteras, principalmente de comunidades indígenas, se ven atrapadas en condiciones laborales degradantes. Promesas falsas de empleo los llevan a trabajar sin salario, en jornadas extenuantes y sin acceso a derechos básicos como vivienda digna, salud o educación”. “Los empleadores retienen salarios y utilizan la servidumbre por deudas como herramienta de control. Además, los llamados "enganchadores" actúan como reclutadores, cobrando tarifas ilegales y asegurando la mano de obra barata que alimenta tanto a la economía nacional como a la estadounidense”, expone la jerarquía castrense. Los migrantes que transitan por México son uno de los grupos más vulnerables. Los "coyotes", quienes muchas veces les prometen un tránsito seguro, "los someten a explotación sexual y laboral". Este sector enfrenta amenazas constantes por parte de grupos del crimen organizado, quienes los convierten en halcones, sicarios o trabajadores forzados en cultivos de drogas. *Periodista | @JoseVictor_Rdz


Premio Nacional de Derechos Humanos 2017