El ataque ocurrido este lunes en el CCH Sur, donde un estudiante perdió la vida y otro trabajador resultó herido tras la agresión con un arma blanca, no es un hecho aislado ni debe ser visto como una anécdota trágica más en la vida de la UNAM. Se trata de un reflejo de una problemática más profunda: la violencia se ha instalado dentro de los espacios que deberían ser los más seguros para nuestra juventud.
La escena es tan dolorosa como alarmante: un joven, apenas de 16 años, asesinado por un compañero en el estacionamiento del plantel; un trabajador lesionado por intentar intervenir; y el presunto agresor hospitalizado bajo custodia policial después de lanzarse desde un edificio en un intento de fuga desesperada. Todo esto en cuestión de minutos, en un plantel que debería estar destinado a la formación académica y al desarrollo personal.
Lo sucedido obliga a cuestionar con seriedad el estado de la seguridad en las instituciones educativas. La UNAM, como casa de estudios autónoma, ha mantenido históricamente una relación tensa con las fuerzas de seguridad externas. Sin embargo, cuando los campus se convierten en escenarios de crímenes violentos, es urgente repensar los protocolos de protección. La autonomía universitaria no debe confundirse con aislamiento ni con incapacidad para salvaguardar a la comunidad.
A lo anterior se suma un dato inquietante: en días recientes, distintas facultades de la UNAM han recibido amenazas de bomba, lo que obligó a suspender actividades y evacuar a miles de estudiantes. Aunque se trató de falsas alarmas, estos episodios generan un ambiente de miedo y vulnerabilidad. No puede ser normal que quienes acuden a clases lo hagan con la incertidumbre de si saldrán ilesos.
La violencia que hoy golpea a las universidades no se reduce a enfrentamientos estudiantiles ni a protestas radicales: hablamos ya de crímenes con tintes de homicidio, amenazas de terrorismo y una clara incapacidad institucional para anticipar o neutralizar riesgos. Esto exige una reflexión profunda sobre el papel del Estado, las autoridades universitarias, los padres de familia y la propia comunidad estudiantil.
No basta con lamentar la tragedia ni con realizar homenajes póstumos. Se requieren políticas claras de prevención de la violencia escolar, protocolos de seguridad ágiles y eficaces, así como atención integral a la salud mental de los jóvenes. La descomposición social que se vive fuera de las aulas está entrando a ellas con la misma crudeza.
La universidad, que debe ser un espacio de pensamiento crítico y esperanza, no puede transformarse en un territorio de miedo. La vida de un joven perdida en el CCH Sur no puede quedar como una cifra más; debe convertirse en un punto de inflexión para recuperar la seguridad en los espacios educativos.
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