La inteligencia artificial se ubica, al inicio de este 2026, como una fuerza que reorganiza la economía, la política y la vida privada. Su expansión acelerada abre oportunidades inéditas, pero, además, expone grietas profundas en materia de ciberseguridad, derechos y gobernanza pública.
Sin duda alguna México ya vive este dilema, por lo que en el Congreso de la Unión se alistan los grupos parlamentarios par ampliar el acceso masivo y paliar los índices de analfabetismo digital, con instituciones que reaccionan ante los riesgos tecnológicos, entre ellas las dedicadas a la seguridad y procuración de justicia.
Temas como la suplantación de identidad y manipulación de imagen o voz, es una constante en las denuncias de corte criminal que atienden las autoridades frente a las denuncias de los ciudadanos. Y es que, la delincuencia (organizada o no) ha encontrado en la inteligencia artificial un multiplicador de alcance, velocidad y anonimato para sus fechorías.
Organismos como el Foro Económico Mundial han advertido que la infraestructura de ciberseguridad y la capacitación del personal resultan insuficientes frente a estos desafíos. La fuga de datos, --personales, comerciales y gubernamentales—así como los fraudes digitales, ya afectan tanto a empresas, gobiernos y ciudadanos.
Por ejemplo, la Unión Europea avanza con un proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, modelo que ayuda a México a entender los alcances de este tema, por lo que ya se suman iniciativas en las comisiones legislativas de San Lázaro y de la Cámara alta, junto a foros de discusión para cruzar ideas entre los ciudadanos, grupos sociales, universidades y científicos.
De la mano de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal, que dirige José Antonio Peña Merino, la constante es proteger los derechos de los ciudadanos ante la vorágine tecnológica mundial. En este sentido, apenas el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, el australiano Volker Türk, solicitó una moratoria al uso de aquellos sistemas de inteligencia artificial que amenacen libertades fundamentales.
Por si esto fuera poco, estudios internacionales calculan que hasta el 44 por ciento de la fuerza laboral mundial enfrentará algún impacto por la automatización en la próxima década. Así, el reto es anticiparse a la transición tecnológica con políticas públicas directamente relacionadas a sus bondades, llámese salud, seguridad o productividad.
En este sentido, la inteligencia artificial también fortalece la medicina, la educación, la prevención de desastres o, la seguridad pública; sólo por citar algunos temas, pero las autoridades de la Unesco insisten en que su desarrollo debe reducir desigualdades, no ampliarlas.
Pero, el problema radica en la ausencia de una visión de Estado, para el caso mexicano, en el Congreso ya se perfilan reformas del orden penal, educativas y laborales tratando de alinear un marco ético y técnico común de la mano de las instancias internacionales y del presente régimen que privilegia el quehacer político a personas vulnerables.
En los próximos años, el verdadero riesgo no será que las máquinas formulen pensamientos o razonamientos, sino que la política renuncie a pensar cómo gobernarlas. No hay duda que iniciamos este 2026 con mucha actividad y pendientes por avanzar.
Punto Cero
En la víspera, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, formalizó su plantilla de colaboradores más cercanos, entre ellos, Omar Cruz Juárez, al frente de la Unidad de Comunicación Social de la dependencia, ¡Enhorabuena a todos!
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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