Columnas
En la Ciudad de México, en el País y en todo el mundo, la delincuencia está tomando nuevas estrategias para robar el dinero a los ciudadanos.
Ante esto, es necesario que el Congreso de la Cdmx, elabore leyes que ayuden al sistema de justicia para poner un alto a estos delincuentes y así evitar que evadan la ley.
El phishing es una técnica de ingeniería social en la que los cibercriminales engañan a la víctima para que revele datos sensibles como información financiera y personal, para luego ser usada para cometer estafas.
Por lo regular usan argumentos de urgencia, por ejemplo una multa por no pagar o una citación judicial.
Incluso, ahora el phishing es capaz hacer una copia sumamente convincente de las páginas web del Gobierno de la CDMX para robar los datos personales, acceder a las cuentas bancarias y así dejar a la ciudadanía sin un solo centavo.
Eso fue lo que sucedió en 2024, cuando los ciberdelincuentes construyeron una copia muy similar a las páginas del Gobierno capitalino y enviaron mensajes a los celulares advirtiendo que era el último día para pagar una multa de tránsito.
Todo se trató de un ciber fraude.
El marco legal actual en la Ciudad de México se rige por el Código Penal para el Distrito Federal, el cual contempla delitos relacionados con el fraude, sin embargo, estos artículos no abordan de manera explícita las técnicas digitales utilizadas en el phishing, lo que limita su aplicabilidad en casos donde el delito se comete a través de medios electrónicos.
La reforma que plantea el congreso Anti-Phishing responde a la necesidad de actualizar el marco legal para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia digital, pues la legislación actual no contempla este tipo de conductas.
El tipificarlo como delito, facilitaría su investigación.
La adición de una nueva fracción al delito de fraude dedicada al phishing en nuestro Código Penal busca brindar claridad jurídica, y establecer una penas privativa de libertad graduadas según el monto defraudado y la concurrencia de agravantes como la afectación de personas vulnerables o la suplantación de dependencias gubernamentales.
Hay que considerar que las leyes actuales, aunque bien intencionadas, no están equipadas para manejar los matices del phishing, pues no abordan explícitamente su naturaleza electrónica y engañosa.
Incluso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha determinado que los adultos mayores son el sector más vulnerable a los ciberdelincuentes por su falta de familiaridad con la tecnología.
Según datos de la Policía capitalina, de los adultos que han estado expuestos a delitos cibernéticos, el 40 por ciento de ellos fue precisamente al phishing.
El establecimiento de una reforma específica anti-phishing señalaría el compromiso de la Ciudad de México con la ciberseguridad.
Disuadirá a los potenciales infractores a través de repercusiones legales claras y fomentando una cultura de vigilancia entre la población.
Las sanciones que propone la reforma Anti-Phishing son las establecidas en el articulo 230 del Código Penal para el Distrito Federal: desde los 4 meses hasta los 11 años de prisión, dependiendo del monto defraudado.
Es por eso que el establecer el phishing como delito en la legislación de la Ciudad de México, no es meramente una necesidad legal, sino un imperativo estratégico para asegurar su futuro en un mundo cada vez más digital.