Columnas
La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una proyección futurista para consolidarse como una herramienta con aplicaciones significativas en diversos ámbitos de la administración pública, la seguridad, la justicia y la gestión gubernamental. En México, su presencia empieza a articularse en distintos sectores estratégicos, a través de iniciativas institucionales y propuestas normativas.
Por ejemplo, vemos la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, instancia con potencial para fungir como eje articulador de políticas públicas en materia de digitalización, conectividad e innovación basada en IA. En paralelo, se observa un avance sostenido en proyectos relacionados con inteligencia y seguridad pública, donde el análisis algorítmico puede contribuir al combate contra la delincuencia organizada, a la trazabilidad de cadenas logísticas y a la optimización de procesos judiciales.
A nivel internacional, la experiencia comparada ofrece insumos valiosos. Por ejemplo, la adopción en 2024 de la Convención Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, primer tratado internacional jurídicamente vinculante en la materia. Este instrumento establece principios normativos aplicables al ciclo completo de los sistemas de IA, bajo un enfoque basado en riesgos. La participación de México como Estado observador en su redacción demuestra el interés nacional por integrarse a marcos multilaterales de regulación tecnológica.
Asimismo, vemos que el Reglamento (UE) 2024/1689 de la Unión Europea introduce estándares vinculantes para sistemas de IA clasificados como de “alto riesgo”. Por otro lado, en Estados Unidos se han presentado propuestas de modelos regulatorios más flexibles, como lo evidencia el pasado debate legislativo en California, donde se planteó la implementación de mecanismos de control como interruptores de emergencia en sistemas avanzados de IA.
En América Latina, el informe EL PACCTO 2.0: Inteligencia Artificial y Crimen Organizado (2024), coordinado por Expertise France y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, destacó la utilidad de la IA en tareas como la supervisión fiscal, la mejora de la transparencia gubernamental y el fortalecimiento de sistemas de videovigilancia. No obstante, el informe también advierte sobre los riesgos inherentes a su uso, como los sesgos algorítmicos, la opacidad de los procesos de toma de decisiones automatizadas y las amenazas cibernéticas.
En el ámbito normativo nacional se han presentado diversas iniciativas legislativas. Aunque aún no existe una regulación integral vigente, se ven referencias a la IA como la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que alude a sistemas automatizados en su definición normativa.
Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024 (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, México ocupa la sexta posición regional en términos de gobernanza de IA. Así, en el contexto global se muestra que la regulación de la inteligencia artificial no debe concebirse como una restricción, sino como una condición necesaria para garantizar su implementación ética, segura y centrada en las personas. México tiene ante sí la oportunidad de convertirse en un referente regional, siempre que logre articular esfuerzos entre poderes públicos, academia, sector privado y sociedad civil en torno a una visión compartida de futuro digital.