Las prisas en la democracia

Entre las muchas decisiones que todo gobierno debe tomar a todas horas (porque para eso es el gobierno), muchas están complejizadas por la necesidad de obrar bien y rápidamente. Nadie puede cuestionar que esa es una las labores más importantes de cualquier gobierno, por lo que se le inviste de autoridad e imperio.

Sin embargo, a lo largo de la historia, son muchos los abusos cometidos al hacer caso a la urgencia marcada por la necesidad de tomar decisiones de forma apresurada. La prisa, está más que demostrado, no resulta ser buena compañera del poder cuando el poder la sigue a ciegas.

Por eso, en las democracias, se establecen candados y filtros para que las decisiones, incluso las que necesitan tomarse con urgencia, puedan ser domadas, no se salgan de control, no caigan en el abuso.

En el marco de la discusión que se lleva a cabo en estos momentos en el Congreso de la Unión en relación con la urgencia y necesidad de llamar a un periodo extraordinario de sesiones para dotar al titular del Poder Ejecutivo Federal de poderes adicionales en materia de reconducción presupuestal, hay un argumento que vale la pena discutir y que se inscribe precisamente en el acercamiento teórico que cree indispensable el poner rienda firme a la actividad decisoria de la administración, por urgente que esta sea.

La pandemia nos ha presentado escenarios inéditos que no sólo se limitan a lo que pasa al interior de las viviendas y los domicilios privados. Dentro de las instituciones también suceden cosas no vistas por nuestra generación. Pienso concretamente en la suspensión casi total de actividades por parte del Poder Judicial de la Federación, uno de los tres poderes del Estado el cual, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ha reducido casi totalmente sus operaciones desde el día 23 de marzo de este año. Se ha anunciado que así continuará, a menos de medio vapor, hasta entrado el mes de junio. Cabe recordar que, por disposición de ley, el Poder Judicial volverá a entrar en receso a partir del primer día de la segunda quincena de julio, por lo que tendrá menos de un mes y medio para tratar de empezar a poner al día los rezagos que hayan podido generarse en este tiempo inédito con la enorme caudal de asuntos en litigio federal en todo el país.

Ahora bien, la pregunta constitucional que resulta inevitable hacer es si la regularidad constitucional y democrática de nuestro país se vería o no afectada si el Legislativo hiciera como que nada pasa y aprobara cambios urgentes, pero notables a las leyes presupuestarias, en favor del Ejecutivo federal.

Tiendo a pensar que hacerlo, con el Poder Judicial trabajando a la luz apenas de un pabilo, sería contrario al orden democrático y constitucional. La Constitución habla de tres poderes plenamente integrados y funcionando a tope, como base de funcionamiento del Estado federal. Ese es el dique y la protección. Sin Poder Judicial de la Federación trabajando a todo motor, sin estar en posibilidades de que ejerza su función de revisión y control de los actos del Legislativo y el Ejecutivo, y ante la ausencia de un Estado de excepción formalmente decretado, los riesgos de cometer arbitrariedades contrarias a la Constitución desde el poder y por la prisa, se exacerban.