Las sillas de la SCJN.

Cuando se piensa en quiénes deben integrar una terna para designar a ministr@s de la SCJN, lo primero que hay que hacer es entender cuál debe ser el adecuado funcionamiento de aquélla para que cumpla los fines que la Constitución le encomienda, y entonces, a partir de ahí definir los perfiles adecuados. En cambio, cuando primero se piensa en las personas en función de que sean aptas para acompañar un proyecto político de coyuntura, la elección rompe con la institucionalidad que el cargo requiere. La regla es sencilla: pensar en la institución y luego en los perfiles, nunca al revés.

Esta regla -sigue las ideas de Churchill sobre las decisiones coyunturales y las decisiones de Estado- parece haberse roto con la última terna enviada por el presidente López Obrador al Senado de la República para sustituir al ministro en retiro Arturo Zaldívar. No conozco personal ni profesionalmente a ninguna de las 3 candidatas: Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos, por lo que mi perspectiva no está cargada de fobia alguna, ni mucho menos es un cuestionamiento a su persona o capacidades técnicas.

Mi objeción a su postulación reside en que existe evidencia pública, desde hace años, de que las 3 son simpatizantes -quizá hasta militantes, dato con el que no cuento- y activistas políticas de Morena, y que actualmente ejercen un empleo público dentro de la administración pública federal y, en esa medida, son subordinadas jerárquicamente del titular del Ejecutivo.

No es el segundo elemento, por sí solo, el que pone en tela de juicio la idoneidad de las 3 candidatas a ministra de la Corte, sino el primero. El presidente López Obrador ha mandado un claro mensaje: la siguiente ministra habrá de votar de acuerdo con las políticas públicas y las acciones de su gobierno, aunque esto sea contrario a la Constitución.

En este sentido, el presidente pretende que la Corte deje de ser la cúspide del Poder Judicial como órgano autónomo e independiente del Ejecutivo, para que se convierta en una especie de ministerio de justicia de la presidencia, pues con ello asegura que el alto tribunal no lo controle, sino que lo avale; que no lo contrapese, sino que lo refuerce. Por ello, la nueva ministra no será una jueza constitucional, sino una funcionaria convencida de que la acción política tomada en el Ejecutivo debe justificarse desde el Judicial como un mero formalismo automático, aunque la Constitución diga otra cosa.

No es posible ser simpatizante -quizás militante- y activista de un grupo político en el Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, afrontar desafíos, presiones y situaciones que implican revisar, controlar y resolver los conflictos con neutralidad e imparcialidad respecto de las leyes y actos de ese mismo poder.

No es posible tener la convicción de que lo realizado políticamente por el Ejecutivo es lo único correcto y, al mismo tiempo, encarar con objetividad e imparcialidad la definición de los conflictos del poder, estabilizar el proceso político y declarar la invalidez de actos y normas contrarios a la Constitución por no encajar en las opciones que la misma concede a la acción política ejecutada, aun cuando provengan del grupo político al que se pertenece.

El presidente López Obrador quiere regresar a la Corte a la época anterior a 1994, cuando las sentencias relevantes se dictaban en Los Pinos y no en Pino Suárez #2. Qué dura realidad para nuestra incipiente democracia.