Línea 13 .

Hasta ahora el impuesto de 2% a empresas de aplicaciones de reparto en la Ciudad de México no ha sido aplicado debido a que la Secretaría de Finanzas capitalina no ha emitido los lineamientos para su implementación, reveló la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa. Al respecto y a pregunta de los medios, el Secretario de Trabajo capitalino, José Luis Rodríguez, informó que hasta la fecha esa dependencia no ha recibido ni una sola queja de algún trabajador sobre alguna retención de su pago. Esto, después de la invitación que se hizo a los trabajadores a denunciar alguna irregularidad sobre el tema.

El diputado del PAN, Federico Döring denunció que no hay dinero para comunicación social en Cultura, Semovi, Protección Civil, Pueblos Indígenas o Sectur, pero que para el gasto en Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas hay 382 millones de pesos, para Obras y Servicios, se tienen 10 millones de pesos, para el Metro un monto de 6 millones 850 mil pesos, para la Secretaría de Salud 25 millones de pesos y para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay recursos por casi tres millones de pesos. “Estas cifras demuestran que están centrados en su agenda electoral”, afirmó el legislador.

Durante la realización del foro “Derechos Políticos-Electorales de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Residentes en la Ciudad de México” en el Congreso de la Ciudad, el diputado Héctor Díaz Polanco, informó que presentará una iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de los derechos de las personas de los pueblos, barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes, a fin de establecer acciones afirmativas que garanticen que puedan acceder a cargos de elección popular así como garantizar su participación, mediante la consulta de temas que pueda generar en su entorno o de su interés.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México solicitó al Congreso de la Ciudad modificar la normatividad aplicable, para que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX, pueda supervisar los Centros de Atención e Integración Social (CASI) y que informe periódicamente, sobre la situación de esos albergues. Esto al dar a conocer que en las investigaciones realizadas en torno al CASI San Bernabé no se encontraron evidencias que confirmen las denuncias de abusos en contra de menores de edad.