López Obrador y su estrategia partidista-electoral, de las reformas a pensiones

En el último año de su mandato, que podría terminar sin logros destacables —y que más bien se anticipa como un periodo de considerable retroceso—, el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi al final de su gestión, de la que muy probablemente no entregue buenas cuentas —y que más bien pudiera ya preverse como un sexenio desperdiciado—, sigue demostrando su argucia política, una habilidad que no ha disminuido con el tiempo. Con maestría en el arte de la retórica, continúa alzándose en el panorama político, consciente de que sus propuestas y reformas, como la próxima, sobre pensiones, probablemente no serán aprobadas. Si realmente la iniciativa fuese honesta y no partidista-electoral, este movimiento uniría a las bancadas de todos los partidos, porque sería un paso necesario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, desgraciadamente sólo forma parte de su estrategia central para un debate intenso y polémico, con el único fin de obtener dividendos para ganar popularidad y apoyo en un año electoralmente crucial.

El habitante de Palacio Nacional que prácticamente ha sido reprobado en casi todos los temas torales —entre ellos crecimiento del PIB, inflación, empleo, salud pública, educación, seguridad y justicia; infraestructura y sostenibilidad ambiental, equidad social y reducción de la pobreza; política exterior y relaciones internacionales; derechos humanos y libertades civiles y participación ciudadana y transparencia—, aún así se prepara para lanzar, el próximo 5 de febrero, una propuesta de reforma, que muchos ven desde ahora como técnica y financieramente inviable, para incrementar las pensiones que posibilite que los trabajadores mexicanos se retiren con el 100 por ciento de su último salario, cuyo porcentaje ronda hoy el 40 por ciento, una cifra que muchos consideran insuficiente.

Según los expertos, la iniciativa es poco realista, dada la situación económica actual. El meollo del asunto radica en la naturaleza de la reforma. Parece ser que el presidente está jugando una partida de ajedrez política, donde el movimiento de las piezas está más orientado a obtener réditos electorales que a resolver efectivamente los problemas de fondo. Y al saber con anticipación que de hecho no cuenta con la mayoría necesaria para su aprobación, parece estar preparando el terreno para una falsa narrativa en la que —si la propuesta es rechazada en el Congreso—, pueda darle pie para señalar con su dedo mañanero y todo el poder mediático de su gobierno, a los “conservadores” y a la oposición, como los enemigos del progreso y bienestar de los trabajadores.

Esta táctica se asemeja a lo que en retórica política se conoce como una "pregunta cargada". Al igual que en la pregunta retórica "¿Quién no está de acuerdo en que la educación y el sistema de salud sean gratuitos?", la propuesta de reforma de pensiones lleva implícita una premisa difícil de rechazar moralmente. Al plantearla de esta manera, cualquier oposición puede ser fácilmente presentada como una postura contraria a los intereses de los trabajadores, lo cual es un terreno peligroso en términos políticos. Este juego de “preguntas cargadas” es un reflejo de la habilidad de López Obrador para maniobrar en el ámbito político. Sin embargo, más allá de la estrategia, queda la cuestión sobre la viabilidad real de tales propuestas y su impacto en la economía del país. La falta de un análisis gubernamental sólido que respalde la factibilidad de estas reformas, plantea muchas dudas sobre cómo financiaría el Gobierno esta elevada contribución a las pensiones.

Analistas han señalado que la reforma propuesta tiene como objetivo aumentar la cuantía de las jubilaciones, permitiendo que los trabajadores se retiren con una mayor proporción de su último salario. Actualmente, esta cifra ronda aproximadamente el 40 por ciento. El plan de López Obrador evoca al sistema previo a 1997, en el cual aquellos que cumplían 65 años recibían el 100 por ciento de su salario. Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey, ha planteado dudas sobre la viabilidad del proyecto, sugiriendo que podría requerir un incremento de impuestos o modificaciones constitucionales significativas. Por otro lado, expertos financieros como Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, han advertido que la reforma podría resultar en un aumento del gasto público. Este incremento en las erogaciones podría financiarse a través de una mayor deuda o recortes en áreas esenciales como la salud o la educación, lo que pondría en peligro la estabilidad macroeconómica del país.

Desde 1997, la reforma de pensiones instaurada bajo el mandato del presidente Ernesto Zedillo, cambió el panorama en México, introduciendo un esquema de contribución definida con la gestión privada de los saldos; es decir, se pasó a un sistema de contribución definida con cuentas individuales y gestión privada, mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Hoy en día, estas administradoras manejan una suma que representa un 19.1 por ciento del PIB nacional. Sin embargo, el envejecimiento de la población es otro factor crítico en esta ecuación. Para 2050, se espera que los mayores de 65 años constituyan el 16.5 por ciento de la población total, lo que plantea desafíos adicionales para el sistema de pensiones del país. En el análisis internacional, se ha señalado que ningún país ofrece una tasa de reemplazo del 100 por ciento. Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y España ofrecen porcentajes menores, lo que coloca a la propuesta lópezobradorista en un contexto único y ambicioso, pero al parecer, populista e irreal.

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en una entrevista con Joaquín López Dóriga se manifestó suspicaz ante la falta de claridad y detalles de la propuesta y expresó su escepticismo por la ausencia de un plan concreto que respalde la iniciativa. Puso de manifiesto las preocupaciones económicas y fiscales relacionadas con la reforma, en particular en lo que respecta a las Afores, que representan una parte significativa del PIB. Además, hace referencia al problema de la alta tasa de informalidad laboral en el país, lo que complica aún más la situación, ya que una gran proporción de trabajadores no contribuye al sistema de pensiones debido precisamente a su estatus informal. Al referirse a la reforma de 2020, reconoce ciertas mejoras, pero subraya la necesidad de reformas más profundas y sostenibles; plantea interrogantes clave sobre la sostenibilidad fiscal de la nueva propuesta y destaca la falta de claridad sobre las fuentes de financiación y la viabilidad a largo plazo. En su análisis, aboga por una mayor transparencia y una planificación fiscal meticulosa, y agrega que, aunque el objetivo de la reforma es mejorar las pensiones, es esencial que se lleve a cabo de manera realista y sostenible.

Moy advierte sobre las consecuencias potencialmente adversas de decisiones apresuradas o mal planificadas, especialmente en el contexto de un año electoral, donde la reforma podría ser utilizada más como una herramienta política, que como una solución efectiva a los desafíos del sistema de pensiones. Es decir, la propuesta de reforma de López Obrador representa un tema candente en el panorama político y social de México. Él no solo desafía a sus opositores, sino que también pone a prueba la capacidad crítica de la sociedad mexicana para discernir entre la retórica política y las soluciones prácticas y realistas a los problemas a largo plazo del país. Como siempre, mientras promete mejorar las condiciones de los jubilados, de forma negligente no da explicaciones sobre su sostenibilidad fiscal y su impacto en la economía. Olvida, de manera irresponsable, que la decisión final y sus consecuencias podrían ser determinantes para el futuro económico y social de México.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM