Mercados públicos en el abandono, urge su dignificación

Ello se explica con el hecho de que en los últimos tres años se han registrado incendios en cinco de los principales mercados públicos. La Merced, Sonora, San Cosme, Morelos y Abelardo L. Rodríguez son los espacios de comercio popular en la capital del país, que han enfrentado diversos percances por falta de mantenimiento.

Hace dos meses el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani Hneide reveló que la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil habían revisado 303 mercados públicos, incluidos los 100 considerados de mayor riesgo por su concentración y tamaño, de los que se retiraron 5 mil 216 conexiones eléctricas ilícitas. De ahí que no hay una explicación lógica a lo ocurrido el jueves pasado en el mercado de Sonora.

La propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum reconoció que un cortocircuito fue lo que ocasionó el incendio e incluso aseguró que estaban trabajando con la Comisión Federal de Electricidad en todos los mercados de la Ciudad de México y que a raíz de lo ocurrido en el de Sonora, se realizaría una nueva revisión.

En el Congreso local se hizo un llamado a las alcaldías para que emitan los programas de Protección Civil para cada uno de los mercados públicos de su demarcación, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de usuarios y locatarios. También se analizó la posibilidad de revertir permisos para venta de animales en el Mercado de Sonora, y los comerciantes puedan ofrecer otros productos.

Organizaciones protectoras de animales señalan que el Mercado de Sonora ha sido un lugar para el comercio ilegal de fauna silvestre —incluso utilizados en rituales de santería—, que transgrede la Ley de Protección a los Animales de la CDMX y el Código Penal local.

Lo ocurrido en el mercado de Sonora —que sigue cautivando a los visitantes nacionales y extranjeros que encuentran en sus pasillos curanderos, chamanes, brujos, adivinos e imágenes religiosas, así como venta de animales—, es una llamada de atención para las autoridades que deben implementar diversas medidas de protección civil, programa de reordenamiento del ambulantaje, prácticas de higiene, prevención de la violencia e introducción a los derechos humanos y manejo de residuos sólidos.

Por tanto, urge diseñar una estrategia de acción para dignificar nuestros mercados y las condiciones laborales de los comerciantes. Es necesario que estén contemplados como una prioridad en la agenda de gobierno y en particular promover y potenciar su desarrollo como pieza clave en la cadena de distribución y abastecimiento y como articuladores de barrio.

Lo dije durante la campaña electoral —en la nave mayor de la Merced—, que tenemos que seguir trabajando para formalizar la modernización de estos centros de abasto, mejorar su infraestructura y dar certeza jurídica a los propietarios de los locales.

Desde las alcaldías se debe promover el desarrollo de los negocios y trabajar en la simplificación administrativa para que los trámites sean sencillos y gratuitos, además de invertir en los mercados públicos para mejorar sus condiciones, tanto estructurales como estéticas que permitan que todas las personas —comerciantes y clientes—, se sientan seguros y orgullosos de ser parte de esta tradición viva.

Estudios universitarios proponen rescatar la paz y la seguridad mediante la policía de proximidad, capacitada en materia de prevención social de la violencia y que todos los trabajadores de los mercados públicos tengan derecho a capacitación y profesionalización laboral.

Refieren que la estrategia de mantenimiento y renovación de los mercados debe impulsar el uso de ecotecnias en materia de captación de agua de lluvia, energía solar y composta. Cada mercado debería estar vinculado a un banco de alimentos para contrarrestar la cifra del desperdicio de alimentos, que representa más del 37 por ciento de pérdidas a nivel nacional.

El futuro de estos centros de distribución popular depende de la voluntad política del Gobierno central para destinar a las alcaldías —sin distingos partidistas—, los recursos económicos que viabilicen su modernización e implementar los protocolos de prevención y capacitación que permita a los comerciantes identificar los riesgos y estar preparados para alertar sobre una posible contingencia.