El gobierno de México implementó nuevas acciones para frenar la venta de terrenos que hayan sido deforestados ilegalmente, así como para impedir el cambio de uso de suelo en estas zonas, con el objetivo de proteger los recursos naturales y evitar la expansión de desarrollos irregulares.
Las medidas se establecieron mediante un convenio de colaboración entre autoridades ambientales y agrarias, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN), quienes acordaron aplicar un bloqueo administrativo que impida la comercialización de estos predios.
El acuerdo busca evitar que terrenos afectados por tala ilegal sean utilizados para fines distintos a los forestales, práctica que ha sido utilizada para justificar desarrollos urbanos o agrícolas tras la degradación del ecosistema.
Con estas acciones, las autoridades pretenden reforzar la protección del patrimonio natural del país y cerrar espacios a actividades ilegales relacionadas con la deforestación, además de fortalecer la coordinación institucional para vigilar y sancionar el uso indebido del suelo.